Nueva ley contra la okupación en Cataluña

Desde el 17 de febrero de 2023, una nueva ley da tranquilidad a los propietarios de bienes inmuebles en Cataluña. Esta legislación pretende poner freno a la okupación ilegal de inmuebles en la comunidad, una problemática que iba creciendo sin generar ningún tipo de sanciones. Estos son los aspectos más destacados de esta nueva legislación que aprobó el Gobierno de la Generalitat.

¿Por qué surge la nueva ley contra la okupación en Cataluña?

Los okupas han supuesto un dolor de cabeza para los propietarios de viviendas, e incluso para alguna que otra agencia inmobiliaria barcelona. Se presume que la ocupación de viviendas a través de medios ilegales puede restar el valor de las propiedades puestas en venta más del 50 %. Esta nueva ley ofrece claridad sobre cómo y cuándo proceder ante la presencia de okupas en la Comunidad de Cataluña.  

En el pasado, los propietarios tenían pocos argumentos legales para luchar contra los okupas, aunque estos fuesen convivientes conflictivos. Esta situación generaba grandes problemas a grandes tenedores físicos o jurídicos. Por ejemplo, una agencia inmobiliaria barcelona, que posee grandes cantidades de inmuebles sin habitar, es un modelo de víctima perfecta para los okupas; y con las legislaciones previas, era casi imposible para las comunidades vecinales ejecutar desalojos a okupas imprudentes, si el propietario no intervenía de forma directa.

Desde la aprobación de esta nueva ley, una agencia inmobiliaria barcelona puede agilizar el proceso de desalojo de los invasores ilícitos. Ahora, los ayuntamientos y las comunidades podrán tomar acciones, aunque los propietarios no comiencen un proceso de desahucio.

¿Qué dice la ley sobre cuándo actuar en contra de okupas ilegales?

La nueva normativa establece que, si un okupa resulta conflictivo y no posee título habilitante, la Administración a cargo podrá intervenir para iniciar el desahucio. Es decir, no se tendrá que esperar a que los propietarios legales actúen, mucho más cuando se trata de la seguridad de los convivientes de la comunidad y del inmueble.

El ayuntamiento establecerá un plazo durante el cual se permite al ocupante acreditar que posee un título de alquiler, este plazo será de 5 días hábiles. Si el gran tenedor es una agencia inmobiliaria barcelona, el ayuntamiento le concederá 30 días para comprobar que se ha comenzado un proceso de desalojo del inmueble.

Si durante esos 30 días no se responde al requerimiento del ayuntamiento, la autoridad procederá a desalojar de manera legal a los okupas. Si el propietario no muestra interés por iniciar el desahucio, el ayuntamiento le impondrá pagar los gastos administrativos que genere el proceso, e incluso se pueden imponer sanciones monetarias que van desde los 9000 a los 90 000 euros.

La vivienda, una vez que haya sido desalojada por el ayuntamiento, podrá ser adquirida por este órgano gubernamental durante siete años. Una vez pasado este tiempo, las viviendas pasan a formar parte de planes de alquiler social del Estado.

Aunque la ley ya ha entrado en vigor, aún se presentan algunos escollos. Hay quienes consideran que la legislación es inconstitucional y que vulnera a algunos sectores menos favorecidos. Por otro lado, resulta confuso determinar el límite de lo que resulta ser la okupación ilegal conflictiva. Pese a tales obstáculos, el Parlament que la aprobó espera que se logren los objetivos propuestos en las modificaciones sobre las leyes de okupación en Cataluña.