Cuba, ¿comienzan los cambios?
Con la promulgación del Decreto-Ley No. 259 sobre la entrega de tierras ociosas en usufructo, podría haber comenzado el proceso de transformaciones estructurales anunciado desde hace un año. En apariencia, la noticia divulgada por la prensa nacional ha sido recibida con indiferencia por la ciudadanía, quizás cansada y abrumada por el continuado empeoramiento del nivel de vida y las repetidas frustraciones.
La entrega masiva de tierras en especial a productores individuales es una prueba evidente de que casi 50 años de estatización de la agricultura han terminado en un colosal fracaso, con la ruina de la riqueza agropecuaria nacional. Hoy, según informaciones oficiales, se importa el 84,0% de los alimentos necesarios, fundamentalmente de Estados Unidos, y posiblemente en 2008 el monto total a comprar en el exterior sea de aproximadamente 2,5 miles de millones de dólares para satisfacer las racionadas necesidades de la población, debido a los incrementos de los precios en el mercado internacional. Representa una cantidad exorbitante para un país cuyas exportaciones de bienes anuales no han rebasado los 3 mil millones de dólares desde hace tiempo.
De ahí que el estado totalitario haya tenido que recurrir a la participación de los agricultores individuales para poder poner en producción más de la mitad de las tierras cultivables que se encuentran ociosas, en su mayoría cubiertas de malezas. Sin embargo, habrá que esperar la publicación del Reglamento para la distribución de la tierra, que estará listo el próximo mes de agosto, y la ejecución del Decreto-Ley para apreciar los verdaderos propósitos del gobierno.
El hecho de que las tierras ociosas serán entregadas en usufructo por 10 años a las personas naturales, término prorrogable sucesivamente por igual término, y por un período de 25 años a personas jurídicas con una prórroga por otros 25, son elementos demostrativos del interés Estatal de mantener un estrecho control sobre los productores. Esos plazos demuestran la prioridad dada a las personas jurídicas -fundamentalmente Granjas Estatales, Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) y Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA)-, a pesar de que estas entidades estatales o semi- estatales fueron las responsables de la ineficiencia agropecuaria y de que más del 50,0% de la tierra cultivable se encuentre ociosa.
A lo anterior se añade una larga lista de limitaciones impuestas unilateralmente, por las cuales puede truncarse por parte del estado la entrega de la tierra. En particular es preocupante el Punto C del Artículo 14: “La extinción del usufructo concedido a personas naturales procede por incumplimiento continuado de la producción contratada, previo dictamen de los especialistas” (por supuesto del gobierno). De ello se infiere la obligación de contratar y entregar al Estado gran parte de la producción bajo las condiciones fijadas por éste.
Asimismo, en el Punto F se señala que la entrega de la tierra puede concluir: ¨por actos que contravengan el fin por el que se otorgó el usufructo¨. Esto indica que podría proseguir la práctica existente hasta ahora de obligar a los productores a sembrar y cultivar lo que interese al gobierno, sin importar las condiciones agrícolas y los deseos del usufructuario. De otros puntos se deriva que también podría terminar el acuerdo por criterios y decisiones de las autoridades.
Al ser entregadas las tierras en usufructo, recibidas en muy malas condiciones, llenas de malezas (marabú), habrá que desbrozarlas y prepararlas para ser cultivadas mediante ingentes esfuerzos. Deberán realizarse gastos en la edificación de condiciones mínimas de vivienda y establos, y la compra de herramientas agrícolas e insumos. Por tanto, los agricultores requerirán garantías de que se respetará su permanencia. Debe agregarse que el medio rural cubano esta despoblado y con un porcentaje de jóvenes muy bajo y con limitado interés en dedicar sus vidas a labores agropecuarias. Un escenario que sólo podrá transformarse mediante la creación de estímulos tangibles para las nuevas generaciones, dentro de los cuales está en primer lugar el asentamiento con garantías de permanencia en el suelo recibido.
Además, en un estado totalitario donde siempre ha imperado el clientelismo, existe el peligro de que se discrimine a los ciudadanos por sus ideas políticas. Los comunistas y retirados de las fuerzas armadas pueden y deben participar en el proceso de reestructuración agraria. Incluso, respecto a estos últimos, sería positivo, porque así podría reducirse el enorme cuerpo militar con un gran alivio económico para la sociedad, a lo cual se uniría la utilización de un personal en alta proporción de origen campesino, disciplinado y con sentido de organización. No obstante, debería imperar una completa transparencia, donde el derecho a recibir tierra esté basado únicamente en la disposición a trabajar duro por parte de los receptores.
Por supuesto, esta medida debe acompañarse de la posibilidad de adquisición por los agricultores de los medios e insumos necesarios; nuevos mecanismos que impidan, como ha sucedido por decenios, que sus cosechas no sean acopiadas convenientemente y se pierdan; precios estimulantes y el derecho a opciones de venta de las cosechas con entera libertad; fin de la obligación de sembrar lo que dicte el estado; créditos sin interferencias de organizaciones como la ANAP, entre otras prerrogativas imprescindibles para una eficiente gestión.
Si estos elementos faltaran, la libertad de los campesinos estaría coartada y la estimulación a la producción sustancialmente obstaculizada. De hecho, la entrega en usufructo de las tierras, con limitaciones, representa un factor preocupante acerca de posibles interferencias estatales. Justo y correcto habría sido la entrega en propiedad o el arriendo con opción de compra. Ello hubiera dado mayor garantía de permanencia en la tierra, lo que incrementaría el interés de los agricultores individuales a laborar y cuidar el suelo propio. En los 50 años transcurridos, con absoluto predominio de la agricultura estatal, el pequeño sector de campesinos individuales que quedó, sin recursos, con muchas restricciones y miedo a perder las tierras, fue el más productivo y rentable. Mientras, el mayoritario sector estatal ocasionó un verdadero desastre económico, en una orgía de improductividad e ineficiencia.
Habrá que esperar para constatar si el Decreto- Ley 259 está dirigido a iniciar un proceso real de transformaciones en la agricultura cubana, o representa otra maniobra urdida por el totalitarismo para enfrentar la grave situación motivada por la crisis de la agricultura estatizada en momentos cuando las cotizaciones de los alimentos aumentan incesantemente, sin debilitar el control absoluto sobre la sociedad mantenido por tanto tiempo.
