Todo menos inocencia

Vaya por delante que un cargo público que se niega a condenar el asesinato de un vecino de su pueblo y que tiene la cobardía moral de delegar durante las cuarenta y ocho horas siguientes al atentado terrorista su responsabilidad de primera autoridad municipal en otra persona, seguramente el lugar en el que merece estar es en prisión, apartada de la sociedad a la que supuestamente dice representar.

Por lo tanto, que el juez Garzón haya mandado a prisión a la Alcaldesa proetarra de Mondragón, la miembro de ANV Inocencia Galparsoro es en sí una buena noticia para la democracia y para el Estado de Derecho. Pero la propia decisión judicial plantea algunas interrogantes relacionadas con la propia actuación de unos de los pilares de ese Estado de Derecho –el poder ejecutivo- en estos últimos meses.

Hace un año por estas fechas, el Presidente Zapatero, con la inestimable ayuda de su fiel escudero, el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, permitió que ANV pudiera presentarse a las elecciones municipales en un buen número de Ayuntamientos del País Vasco y de Navarra, entre ellos, Mondragón.

Aquella fue una decisión claramente basada en la conveniencia política de Zapatero. Este no quería romper todos los puentes que durante su fracasado “proceso de paz” había tendido a ETA y al sector que apoya a la banda terrorista, y se optó por esa decisión que no tenía precedentes en ninguna parte del mundo: la lista de un partido es declarada legal en una localidad del País Vasco e ilegal en el pueblo de al lado.

Entonces, ante las voces que exigían a Zapatero que no permitiera la presencia de una de las franquicias de ETA en los Ayuntamientos, el Fiscal General del Estado llegó a hablar del “Guantánamo electoral” y el Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, también defendió la presencia de las listas proetarras en las elecciones. ¿Es mucho pedir que estos dos responsables políticos que entonces actuaron como auténticos “mamporreros” de su jefe, cojan la maleta y se vayan a su casa?

Porque todo el mundo sabía que ANV era el resquicio decidido por ETA para seguir teniendo presencia institucional. Todo el mundo sabía que ANV actuaba al dictado de la banda terrorista y que era una mera prolongación de ella y de Batasuna. Todo el mundo sabía que ANV no iba a condenar ninguno de los atentados terroristas que ETA ha cometido en los últimos meses. Todo eso se sabía, pero el Gobierno y su Presidente permitieron que ANV se presentara a las elecciones, reitero, por puras y simples razones de conveniencia política.

En las críticas que la decisión del juez Garzón ha propiciado, la del Gobierno Vasco tiene razón en un extremo: no se pueden acompasar las decisiones judiciales a los tiempos políticos. Garzón, al que siempre le puede su afán de notoriedad, ha visto en esta actuación, -independientemente de las razones y fundamentos que argumenta en el auto para tomarla- una forma de volver a ser el centro de atención.

La estrategia en la lucha antiterrorista tiene que estar alejada de situaciones coyunturales o conveniencias de corto recorrido. Hay que sostener en el tiempo una acción decidida contra ETA basada exclusivamente en la aplicación de todos los instrumentos que tiene un Estado de Derecho. De esa forma se conseguirá la derrota de la banda terrorista, sin atajos y sin actuaciones tan chirriantes, como la que se ha protagonizado respecto a ANV en el último año.