Montoro pide a la ministra que difunda ya un mensaje tranquilizador

Oleada de prejubilaciones de funcionarios por las dudas de Báñez sobre el futuro de las pensiones

Empleados públicos de 63 y 64 años están solicitando bajas anticipadas ante el riesgo de perder una media de 300 euros en dos años

Pensiones por los mejores años de cotización, financiación a planes de ahorro privados... Los diferentes mensajes procedentes de Empleo, sobre el futuro de las prestaciones a los jubilados, están generando una gran incertidumbre en los trabajadores cotizantes. Y los funcionarios no son ajenos a esta confusión. De hecho, un gran número está optando por abandonar, de forma anticipada, su puesto de trabajo.

Tal y como establece el Estatuto Básico del Empleado Público, la jubilación de los funcionarios de la Administración se produce a los 65 años de edad. No obstante, éstos podrán solicitarla dos años antes, siempre y cuando lleven 35 años de servicio. Eso sí: esta baja  anticipada provocará la aplicación de “coeficientes reductores a la cuantía de la pensión”.

Pues bien. Según han confirmado a El Confidencial Digital fuentes gubernamentales y sindicales, estas peticiones de “prejubilación” se están multimplicando desde comienzos de año, debido a la incertidumbre generada por el Ministerio de Empleo sobre el futuro de las pensiones.

“Por si acaso, prefiero perder ahora 200 euros”

Este fenómeno ha sido advertido por los principales sindicatos de funcionarios, que llevan semanas recibiendo solicitudes de información de empleados públicos de 64 y 65 años. Todos quieren conocer cuánto dinero perderían si solicitan ahora la jubilación anticipada y reclaman asesoramiento sobre qué hacer, teniendo en cuenta los planes del Gobierno sobre las pensiones.

Desde las centrales explican a este confidencial que, de media, y teniendo en cuenta que los empleados que se están pensando la “prejubilación” llevan 35 años de servicio, cada funcionario que haga efectiva una baja anticipada perderá unos 200 euros. Una cantidad que, pese a ser elevada, “muchos están dispuestos a asumir”.

En este sentido, los sindicatos reconocen que, pese a no disponer de información concreta sobre los planes de Empleo, “las noticias que llegan no son muy halagüeñas” y, por tanto, existe riesgo real de una “pérdida de valor de las pensiones” a dos o tres años vista. De hecho, los pensionistas ´”podrían perder de media, en 5 años, 300 euros”.

Así las cosas, la mayoría de estos empleados públicos de 63 y 64 años que han pedido asesoramiento se inclinan finalmente por solicitar la jubilación anticipada, bajo el siguiente argumento: “Prefiero perder ahora 200 euros que trabajar dos años más y al final ver reducida mi pensión en 300”.

Advertencia de Montoro a Báñez

Esta tendencia, de la que todavía no hay datos oficiales, ya ha llegado a conocimiento del Ministerio de Hacienda. En plena negociación con los sindicatos sobre la subida de sueldos y la reducción de jornada a los funcionarios, los sindicatos han advertido a Cristóbal Montoro de la oleada de bajas anticipadas.

El ministro, explican las fuentes consultadas, ya tenía “indicios” de este fenómeno, gracias a los datos facilitados por la secretaría de Estado de Estado de Administraciones Públicas. Desde Hacienda admiten que, de ir a más este tipo de solicitudes, “podría haber problemas”. Por ese motivo, ya se ha puesto sobre aviso al Ministerio de Empleo.

Altos cargos gubernamentales confirman que Cristóbal Montoro ya ha advertido a Fátima Báñez de lo que está sucediendo con los funcionarios de 63 y 64 años. Le ha pedido que, pese a no poder anunciar todavía el plan del Gobierno para el futuro de las pensiones, lance algún mensaje optimista para detener la “sangría”.

 

Tanto desde los sindicatos como desde el Gobierno achacan el aumento de las jubilaciones anticipadas a las dudas existentes sobre la supervivencia de las pensiones a corto plazo, y a los anuncios realizados hasta la fecha: “No convencen ni la financiación de los planes privados ni la cotización por los mejores años de la vida laboral”, advierten.

Ya pasó tras la supresión de la extra

En el Ministerio de Hacienda admiten cierta “preocupación” por este fenómeno. Entre otras cosas, porque no es nuevo y ya provocó la salida anticipada de miles de funcionarios hace poco más de un lustro.

Las fuentes consultadas recuerdan que el antecedente más próximo de esta oleada de bajas se produjo en 2012, cuando Rajoy suprimió la extra de Navidad de diciembre de ese año y aumentó un 1% el IRPF de todas las nóminas.

El efecto fue demoledor: se pasó de 5.647 jubilaciones anticipadas de funcionarios en 2011 a 13.972 en los doce meses siguientes. Además, esa tendencia se mantuvo durante los tres años posteriores. En 2016, las prejubilaciones se “estancaron”. Este 2018, de continuar la actual oleada, “puede ser de récord”, advierten las mismas fuentes.

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