El Ejército excluye a Santana como suministrador del sustituto del Aníbal
El nuevo fabricante de los vehículos todoterreno tácticos será Iturri. La licitación de 315 millones de euros se ha paralizado dos veces por recursos de empresas que se habían quedado fuera del procedimiento negociado
- Se anula el anuncio previo por cuestiones técnicas
- Primer recurso: contra los pliegos
- El tribunal desestima el recurso
- Segundo recurso: dos empresas excluidas
- Informe técnico y fotos del “colapso”
- Otro recurso desestimado
El Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (MALE) lanzó en 2023 una licitación pública para adquirir hasta 4.500 vehículos militares todoterreno tácticos, que sustituirán los Aníbal de la empresa Santana Motor que llevan décadas en servicio.
El presupuesto valor de licitación (incluido IVA) es de 217.666.900 euros, y el valor estimado (con posibles prórrogas) asciende a 315.690.000 euros.
Se trata de un contrato muy potente, de cantidades muy importantes y para suministrar unos vehículos muy relevantes en el funcionamiento de numerosas unidades del Ejército de Tierra.
La licitación se tramita por el procedimiento negociado con publicidad. Se va a cumplir un año de que publicara en la plataforma de Contratación del Estado el anuncio previo y el pliego de prescripciones técnicas, y una serie de obstáculos han ralentizado la licitación, de la que hace apenas unas semanas se levantó una segunda suspensión.
Se anula el anuncio previo por cuestiones técnicas
La Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra publicó en abril de 2023 una serie de documentos de la licitación “Adquisición vehículos militares todoterreno tácticos”: anuncio previo, pliego de prescripciones técnicas, y un documento sobre cómo presentar muestras previas, “a la espera de la publicación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en la plataforma de contratación una vez informado favorablemente por la Asesoría Jurídica del Ejército de Tierra”.
El primer contratiempo surgió en julio. El presidente de la mesa de contratación de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico firmó un documento el que informó de que “para solventar problemas técnicos previos a la publicación del Anuncio de Licitación en la Plataforma, se ha procedido a anular en fecha 10/07/2023, el Anuncio Previo publicado el 03/04/2023 en la Plataforma, si bien, se hace saber a las empresas interesadas, que el contenido de dicho anuncio previo, permanece vigente en todos sus términos”.
Explicó que “el motivo de dicha anulación se debe exclusivamente a cuestiones técnicas que debían solventarse para que la plataforma permita publicar el anuncio de licitación, el cual ya se ha procedido a publicar. En breve, una vez que el anuncio se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea, se procederá a publicar el documento de pliegos”.
Primer recurso: contra los pliegos
Inmediatamente después, ese mismo julio, se publicó el anuncio de licitación, con el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Pronto surgió otro obstáculo. La empresa Ingeniería de Sistemas de Ensayo e Industriales (INSEI) presentó el 1 de agosto un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales contra los pliegos de esta licitación.
Esta empresa impugnó los pliegos con el argumento de que ese documento exigía unas garantías económicas “absolutamente desmesuradas” a las empresas interesadas en la licitación, lo que le había impedido presentar su solicitud.
Eso provocó la adopción de medida cautelar de suspensión del procedimiento de contratación, el 9 de agosto, hasta que el tribunal resolviera sobre el recurso.
El tribunal desestima el recurso
Por fin el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales dictó una resolución el 5 de octubre.
Analizó los pliegos y las quejas de la empresa Ingeniería de Sistemas de Ensayo e Industriales y concluyó que “la garantía definitiva prevista en la cláusula 20 del PCAP es ajustada a Derecho y responde a los requisitos establecidos en el artículo 107.5 de la Ley de Contratos del Sector Público en relación con el art. 110 del referido cuerpo legal, no puede compartirse la desproporcionalidad de su importe, sino al contrario, que este es ajustado y, en consecuencia, proporcional al precio final ofertado”.
Así que desestimó el recurso de la empresa, y levantó la suspensión del procedimiento de contratación.
Días después de ese mismo mes de octubre, la Sección de Contratación, de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, comunicó que se levantaba la suspensión del procedimiento.
Segundo recurso: dos empresas excluidas
Se resolvió así ese recurso, que sin embargo no fue el único. El 25 de enero de 2024 se comunicó una segunda suspensión de la tramitación del expediente, de nuevo como medida cautelar ante la interposición de un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Habían presentado el recurso dos empresas: Santana Motors (el fabricante de los Aníbal actualmente en servicio) y Auto Olsan SL, que habían formado una unión temporal de empresas (UTE).
Antes hubo otro conato de paralización. Una de las empresas que había presentado su oferta para fabricar los nuevos vehículos todoterreno tácticos del Ejército de Tierra interpuso el 7 de diciembre un recurso especial en materia de contratación contra lo que calificó como “acto presunto de trámite no cualificado” consistente en la decisión verbal de la mesa de contratación de no continuar con la realización del Plan de Pruebas del prototipo presentado.
Reprochó esa empresa que durante las pruebas su prototipo había sido excluido “sin un acto administrativo expreso que así lo declare”, deduciéndose su posible indefensión.
Pero el 20 de diciembre, esa empresa desistió el recurso especial, y el tribunal archivó el recurso.
Informe técnico y fotos del “colapso”
La mesa de contratación se reunió el 21 de diciembre para estudiar el informe técnico sobre las muestras que habían presentado las empresas interesadas.
En ese informe se indicaba que las empresas Iturri SL y Technology and Security Developments SL habían completado el plan de pruebas establecido en el pliego del prescripciones técnicas sin observarse disconformidades respecto de los requisitos establecidos.
Pero el informe proponía excluir del procedimiento a la UTE Santana Motors-Auto Olsan, al considerar que no había superado el plan de pruebas por no cumplir cuatro requisitos.
La mesa de contratación examinó “las fotografías donde se evidencian las deficiencias observadas”. Al parecer, dichos defectos estructurales del prototipo consistían “en el colapso de la parte trasera del vehículo dificultando el enganche del remolque”.
Así que acordó excluir de la licitación a esa unión temporal de Santana Motors y Auto Olsan, y continuar el procedimiento con los restantes licitadores no excluidos.
Santana Motors y Auto Olsan no aceptaron ser excluidas, y por eso recurrieron ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Argumentaron que su prototipo había sufrido una avería, y que la ley permitía no excluirles por ello, si podían subsanar el incidente.
El Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra defendió ante el tribunal que el prototipo excluido “no presenta una avería o incidente si no que resulta inadecuado al objeto del contrato y no cumple con las prescripciones técnicas”. De ahí que estuviera justificada la exclusión de estos licitadores, y por eso pidió que el recurso fuera desestimado.
También Iturri (que sí había pasado ese corte de la mesa de contratación) hizo la misma solicitud de desestimación del recurso de Santana Motors y Auto Olsan.
Otro recurso desestimado
El tribunal decidió el 22 de febrero desestimar el recurso de Santana Motors y Auto Olsan.
Entendió que el informe técnico que había propuesto excluir la oferta de esta UTE explicó “en qué consiste el defecto estructural del prototipo ofertado por el recurrente en términos claros, concretos y detallados, y en forma que no permite, en modo alguno, deducirse que el fallo en la prueba se deba a un incidente o avería del prototipo, sino, más bien, a su inidoneidad al fin pretendido y a la no superación de los estándares técnicos exigibles en la normativa y en los Pliegos del contrato”.
En la resolución, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales insistió en que “el informe técnico detalla, de forma pormenorizada y referenciada, en qué consisten los incumplimientos de las prescripciones técnicas, sin que pueda apreciarse ninguna clase de arbitrariedad, o falta de motivación en sus conclusiones”.
Avaló la decisión de la mesa de contratación de excluir a Santana Motors y Auto Olsan “a la vista de los incumplimientos referenciados por el informe técnico”.
La exclusión fue conforme a derecho, porque no era “en modo alguno reconducible la cuestión a un incidente o avería en el prototipo, sino más bien a una inadecuación estructural del mismo a las características técnicas exigidas, por lo que la reparación demandada, realmente, sería una alteración de la oferta totalmente contraria al principio de igualdad en la licitación (artículo 139 de la LCSP)”.
Una vez que llegó al Mando de Apoyo Logístico esta segunda resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, el jefe de la unidad de contratación comunicó el 8 de marzo que se levantaba la suspensión del procedimiento (ya la segunda), por lo que la licitación sigue adelante.
Este lunes 25 de marzo ha acordado finalmente adjudicar el contrato a Iturri, por haber presentado la oferta más ventajosa en relación calidad-precio.
Si bien Iturri es conocida en el mundo militar por suministrar botas y elementos de vestuario para militares, en su web corporativa presume de contar “con una gran trayectoria en el diseño, desarrollo y fabricación de vehículos especializados en servicios de intervención y emergencias y la producción de vehículos tácticos y blindados para el combatiente”.
