Martes 27/06/2017. Actualizado 01:37h

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Dinero

La Administración tendrá que readmitir y compensar a los funcionarios que forzó a jubilarse a los 65 años. Incumplió la Ley de la Función Pública que les permite trabajar hasta los 70

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Varias comunidades autónomas han cerrado el grifo a la prórroga en la actividad laboral de los funcionarios. Sin embargo, ahora se verán obligadas a readmitirles y compensarles por forzarles a jubilarse a los 65 años porque la ley les permite trabajar hasta los 70 si la administración no demuestra incapacidad para que lo hagan.

Una vez cumplidos los 65 años los funcionarios podían solicitar seguir trabajando hasta los 70 tras evaluar sus condiciones físicas y psíquicas que determinaban si podían seguir desempeñando o no su labor sin problema.

Pero algunas autonomías comenzaron hace unos meses a forzar a los funcionarios a jubilarse a los 65 años para ahorrar en nóminas, ya que son los mejor pagados del sistema, pues acumulan trienios y carrera profesional.

Derecho a trabajar hasta los 70 años

Pues bien. Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes sindicales, la Ley de la Función Pública establece que la Administración debe aceptar las prórrogas de la vida laboral que soliciten los funcionarios que cumplen 65 años, salvo que haya una razón que demuestre que no están capacitados para trabajar.

De esta manera, ya se están dictando las primeras sentencias a favor de los trabajadores que están reclamando su derecho a alargar su vida laboral por no dejarles seguir trabajando -y obligarles a jubilarse forzosamente- pese a que la legislación sí se lo permite.

Y se prevé que no sea el último fallo, por lo que, según fuentes de la Administración, se da por hecho que el reconocimiento de este derecho se extenderá a más trabajadores de la Función Pública que lo reclamen en los próximos meses, conforme se vayan resolviendo a su favor el resto de los recursos presentados con la misma argumentación jurídica.

Readmitir al funcionario y compensarle

La Administración no solo tendrá que readmitir al trabajador si lo reclama. Tendrá que hacer frente a una indemnización correspondiente a la cuantía económica que el funcionario ha dejado de percibir durante el tiempo que ha estado jubilado.

Además, en el caso de las comunidades autónomas, estarán obligadas a devolver al Estado el gasto en pensiones.

Devolver parte de la paga extra de Navidad

Tal y cómo se adelantó en estas páginas, el Gobierno tendrá que devolver 250 euros a cada funcionario por haberles descontado 44 días de más en la paga extra de Navidad. Los sindicatos de la función pública han reclamado que se les abone esa parte de la retribución porque el decreto que la suprimió entró en vigor el 14 de julio y no cabía aplicarlo con fecha de 1 de junio.

Los funcionarios (incluyendo desde los auxiliares administrativos hasta los cargos directivos) reciben una paga extraordinaria de unos 1.300 euros de media, por lo que “el Gobierno deberá abonar alrededor de 250 euros, el 20% de la paga, al ser admitida la reclamación.