Lunes 21/08/2017. Actualizado 10:21h

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Dinero

Es lo que esconde la reforma de la Administración anunciada por Montoro

Hacienda va a por los enchufados de las diputaciones

El objetivo es suprimir asesores y contrataciones a dedo para lograr un ahorro de 700 millones

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El Gobierno ha anunciado que va a implantar un nuevo plan de impulso y transformación de la Administración Pública para 2017-2019, que implicará ya un ahorro de 900 millones durante el próximo año. Pero Hacienda no ha concretado donde aplicará el recorte: el mayor ajuste irá contra los “enchufados” de las diputaciones.

Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro. Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro.

Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes conocedoras de los planes del Gobierno, la nueva vuelta de tuerca a la reforma de la administración local conllevará rebajas en las plantillas de asesores y personal eventual (no de funcionarios) en estos organismos.

En Hacienda admiten que la medida es “un gesto a Ciudadanos”. El PP no cede en cuanto a su demanda de la supresión las diputaciones, cuya eliminación había marcado Albert Rivera como prioritaria, pero en cambio acomete una reducción significativa del llamado “gasto político”, es decir, cargos y sueldos para ex dirigentes de los dos grandes partidos hasta ahora en el poder colocados en esos organismos.

3.000 asesores se encuentran en el disparadero

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD aseguran que técnicos del Ministerio de Hacienda que están elaborando el borrador de la reforma revisan ahora la situación de casi 3.000 asesores del ámbito local, para decidir sobre su continuidad o no en los cargos que ocupan ahora mismo en diputaciones de toda España. El objetivo es ahorrar más de 700 millones de euros en gastos.

El Gobierno se ha propuesto también establecer una tabla salarial para los cargos públicos, con el fin de acabar con la “discrecionalidad exagerada” que existe en la fijación de estas remuneraciones. “No es razonable que un alcalde o un asesor cobren más que el presidente del Gobierno”, argumentan en Hacienda.

Cada provincia está dividida en partidos judiciales, que agrupan a varios municipios y, según los sufragios obtenidos, se les asigna un número de diputados. En total hay 1.040 diputados provinciales, a los que hay que sumar 155 consejeros insulares, según datos del Ministerio del Interior.

Habrá que argumentar las contrataciones a dedo

Fuentes conocedoras del borrador de la reforma explican que, a partir de ahora, se pretende dar más carrera profesional a los funcionarios que ya forman parte de la Administración. Se tendrán que ocupar de las funciones que hasta ahora desempeñan los asesores.

También se prevé obligar a seguir criterios homogéneos para la elección del personal eventual, debiendo justificar debidamente las contrataciones a dedo de cargos de confianza.

Esto significa que, cuando no se encuentre el perfil requerido en el seno de la Administración Pública, se podrá buscar fuera, pero justificando una experiencia y una cualificación de ese personal que no está en la Administración.

Así las cosas, se establecerá que los puestos que sean de directores generales para abajo deban ser cubiertos por funcionarios, mientras que sí podrían ser cargos de confianza un jefe de gabinete o un responsable de prensa.

Los asesores de los ministerios están identificados

El Gobierno defiende que en la Administración central, en cambio, sí existe algo más de claridad, y además el número de asesores está limitado por Ley. Según los datos que se ofrecen en el Portal de Transparencia, el conjunto de asesores en Presidencia y los diferentes ministerios superaba ligeramente el centenar de personas en 2013, que es cuando se produjo la última actualización de datos.

Se trata de una cifra muy pequeña, si se compara con los hasta 20.000 que figuran en todo el país. Se concluye que la mayor parte de estos expertos, colaboradores, ayudantes y demás nombres bajo los que están ocultos los asesores, se encuentran en las diputaciones y otros entes públicos de menor tamaño.

Empleados públicos en las diputaciones denuncian que, bajo el epígrafe “asesor de Servicios Generales y Órganos de Gobierno”, se ha colocado a muchos ex alcaldes. Para ellos se han negociado pactos en ayuntamientos y la recolocación de candidatos que no han sido capaces de ganar en las urnas, premiados con un sueldo de una diputación.

Con esa iniciativa, Hacienda pretende poner límite al número de trabajadores eventuales que puede contratar una diputación, de modo que sea proporcional con su plantilla de funcionarios y responsables políticos.

Ahora -advierten- hay organismos con más asesores o personal de libre designación que número de diputados provinciales.

“Somos
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