Martes 26/09/2017. Actualizado 13:37h

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Dinero

Es la segunda vía de ingresos para los municipios

Los ayuntamientos se movilizan para evitar devolver los 8.000 millones en plusvalías por ventas de viviendas

El Constitucional ha suspendido el pago de este impuesto en las operaciones en las que se registren pérdidas. Se avecina un infierno judicial para los afectados

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Los ayuntamientos trazan una estrategia para evitar la devolución de los 8.000 millones cobrados por plusvalías en la venta de viviendas. Denegarán las reclamaciones para retrasar el reintegro a los afectados que han pagado este impuesto, y que acaba de suspender el Tribunal Constitucional, en caso de que registraran pérdidas en la operación.

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El Constitucional ha decidido que el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como impuesto de plusvalía municipal, es inconstitucional. O que, al menos, lo es cuando no se produce una ganancia real, es decir, una plusvalía.

Tras la explosión de la burbuja inmobiliaria y la grave crisis económica, los inmuebles comenzaron a perder valor de manera sensible, haciendo que muchas operaciones de compra-venta se saldasen con minusvalías para el vendedor. Sin embargo, la Administración Pública y, en concreto, los Ayuntamientos, que son los que recaudan este impuesto, han seguido reclamando su parte en estas operaciones.

El conjunto de las administraciones locales recaudaron, según la liquidación de los Presupuestos, más de 2.600 millones de euros en 2015, casi 2.300 en 2014 y cerca de 2.000 en 2013, lo que convierte a este impuesto en uno de los más importantes para los Consistorios. La suma total de estos 8.000 millones no será reclamable, ya que no todas las ventas gravadas se cerraron con minusvalías.

Demorar la devolución hasta dos años

Además, el Estado considera, en un principio, que este fallo no es extensible al resto del país. Defiende que sólo afecta a Guipúzcoa, donde se circunscribe la sentencia conocida el pasado viernes, que tiene un régimen foral propio

Así las cosas, según ha podido saber El Confidencial Digital, Hacienda diseña un plan con los ayuntamientos para dilatar hasta dos años el reintegro de las cantidades cobradas por plusvalías inexistentes.

Conforme a esta estrategia, las administraciones locales denegarán por sistema todas las reclamaciones. Esa circunstancia obligará al afectado a acudir al Tribunal Económico Administrativo y, posteriormente, al Tribunal Superior de Justicia de su comunidad autónoma.

Por tanto, el proceso se convertirá en una odisea administrativa y judicial porque este plan de Hacienda descarta por completo devolver de oficio el dinero, o a través de un procedimiento extrajudicial como ha ocurrido con las cláusulas suelo.

Pero los obstáculos no van a terminar ahí. Los afectados deberán probar también que la venta del inmueble generó una pérdida para poder recuperar las plusvalías. Es decir, que la operación le generó minusvalías y demostrar que el suelo o el terreno sobre el que se levanta el inmueble han perdido valor entre la compra y la venta.

Un procedimiento que obligará a recurrir a peritos o tasadores especializados, encarecerá el proceso y aconsejará plantearse si efectivamente compensa económicamente acudir al Juzgado Contencioso Administrativo para cobrar el dinero.

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