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Los accionistas minoritarios que demandaron a Metrovacesa consiguen que la Audiencia Nacional investigue las irregularidades

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Un grupo de empresarios españoles que llevan algunos meses denunciando presuntas irregularidades que habría cometido la cúpula de la primera inmobiliaria europea acaban de ver cómo la Audiencia Nacional da luz verde a la investigación y se declara competente para seguir el caso. Como ya anunciara El Confidencial Digital en exclusiva hace varios meses, este juicio podría llevar al banquillo de los acusados a Joaquín Rivero y su equipo de colaboradores.

Un grupo de empresarios españoles que llevan algunos meses denunciando presuntas irregularidades que habría cometido la cúpula de la primera inmobiliaria europea acaban de ver cómo la Audiencia Nacional da luz verde a la investigación y se declara competente para seguir el caso. Como ya anunciara El Confidencial Digital en exclusiva hace varios meses, este juicio podría llevar al banquillo de los acusados a Joaquín Rivero y su equipo de colaboradores.

 

Todo comenzó cuando un grupo de accionistas minoritarios, que afirman poseer pruebas documentales incontestables de lo que denuncian, lanzaron una dura ofensiva contra el presidente de Metrovacesa, que ha incluido la distribución de un libro con un relato de los hechos.

 

El auto de la Audiencia Nacional recoge las principales denuncias de los querellantes: un posible fraude de 77 millones de euros para la concertación de operaciones que les permitiera no perder el control de la compañía; presuntas irregularidades en el proceso de fusión entre la inmobiliaria Bami y Metrovacesa; y otros hechos que podrían ser constitutivos de delitos societarios y apropiación indebida.

 

Según el escrito de la Audiencia Nacional, dada la importancia económica de las operaciones a las que se hace alusión y la dimensión de la empresa, se afirma la competencia de la Audiencia para conocer el procedimiento y admitir la querella presentada contra los miembros del Consejo de Administración de Metrovacesa.

 

Ahora, se deberán practicar las diligencias que el juez instructor de la causa considere convenientes para un mayor esclarecimiento de los hechos.