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Dinero

El presidente de Navantia aguarda en Australia a que el primer ministro le haga un hueco en su agenda y firme la compra de cinco buques de guerra

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El gobierno australiano dio a conocer el pasado mes de junio que iba a confiar en la española Navantia la construcción de destructores (tipo F-100) y buques anfibios (tipo BPE). El acuerdo se rubricará la próxima semana pero, de momento, el presidente Juan Pedro Gómez aguarda en Sydney a que John Howard le haga hueco en su agenda porque quiere estar presente.

Según fuentes del sector naval consultadas por El Confidencial Digital, el presidente de Navantia, Juan Pedro Gómez Jaén, y una pequeña comitiva de la empresa, aguardan desde hace unos días en la capital de Australia para formalizar los trámites necesarios que den el vía libre definitivo a la construcción para la Navy australiana de 3 fragatas de la clase F-100 y dos buques anfibios similares al Buque de Proyección Estratégica (BPE) que actualmente se construye para la Armada española.

El coste de la operación rondará los 1.300 millones de euros y asegurará trabajo a los socios de la industria naval española en Australia hasta prácticamente el año 2015, confirman las mismas fuentes.

Para las embarcaciones basadas en el BPE, la empresa española construirá junto con su socio en Australia -el astillero Tenix- dos buques. Navantia compitió en este concurso con la compañía francesa Armaris (DCN y Thales) y su buque ‘Mistral’.

Para el proyecto de las tres fragatas tipo F-100 –que los australianos denominan destructores-, la naval rivalizó con la empresa americana Gibbs & Cox. En este caso, Navantia proporcionará el diseño, la transferencia de tecnología y la asistencia técnica para que estos destructores sean construidos en Australia por el astillero de ese país ASC.

Hay gran satisfacción en Navantia por este acuerdo, que se firmará a lo largo de la próxima semana, “el mayor encargo militar en la historia de la compañía”. En 2004, la empresa se encontraba en situación de quiebra y sin futuro debido a los expedientes de devolución de ayudas ilegales iniciados por la Comisión Europea en los años 2000-2003.