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Federico Jiménez Losantos declara ante el tribunal que le juzga por injurias a la Policía que él sólo se limitó a comentar informaciones del diario El Mundo

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Federico Jiménez Losantos ha acudido esta mañana a declarar como imputado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid, María Carmen Pérez, por supuestas injurias y calumnias. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) se querelló contra el locutor de la Cadena COPE por sus palabras pronunciadas en ‘La Mañana’, el espacio que él dirige, sobre la actuación policial del 11-M. Concretamente, Jiménez Losantos afirmó que policías secretas colocaron las bombas de Vallecas.

El locutor ha asegurado ante el tribunal que le juzga que sólo se “limitaba” a comentar las informaciones que publicó el diario El Mundo, informa la agencia Efe.

El locutor ha añadido que sus intervenciones radiofónicas sobre la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la investigación de los atentados del 11-M eran para “comentar” estas informaciones publicadas al respecto en el rotativo que dirige Pedro J. Ramírez, que es el “que ha llevado la investigación” del 11-M.

Por su parte, en su querella, el SUP acusa al locutor de vulnerar el “legítimo ejercicio de la libertad de expresión” al haberse extralimitado en su ejercicio. Según la denuncia, Jiménez Losantos supuestamente acusaba a policías concretos de colocar la bomba de Vallecas, de haber permitido la masacre, de haber falsificado pruebas, de tener conexiones con ETA y de colaborar en un golpe de Estado.

El sindicato policial ha aportado recortes de prensa y la trascripción de las intervenciones radiofónicas -recogidas de la web de la COPE- en las que Jiménez Losantos supuestamente acusó a policías, con nombres y apellidos.

Jiménez Losantos no ha sido aceptado estas pruebas y ha pedido que se escuchen las grabaciones íntegras de sus intervenciones y no fragmentos sueltos, que deben ser aportadas por la COPE y por lo que, previsiblemente, deberá repetirse la toma de declaración.

El locutor, que ha estado acompañado por su abogada Cristina Peña, se ha mostrado sorprendido de que ninguno de los supuestamente mencionados le haya denunciado y en cambio sí lo haya hecho el sindicato policial.

El delito de injurias y calumnias está penado hasta con un máximo de dos años de cárcel y de 24 meses de multa.