Sábado 25/02/2017. Actualizado 01:00h

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Medios

Deberá responder en el Congreso

El Gobierno tendrá que dar explicaciones por no haber regulado la aplicación de la ‘tasa Google’

La norma entró en vigor el 1 de enero y cuatro meses después aún no ha aprobado la orden ministerial que la desarrolla

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El PP aprobó la medida en solitario y con las críticas de la mayoría del sector y ahora, cuatro meses después, aún nadie sabe nada de la orden ministerial que debe desarrollar la aplicación de la conocida como 'tasa Google'. UPyD ha registrado en el Congreso de los Diputados una pregunta al Gobierno que le obligará a responder sobre esta paradoja.

Sede de Google. Sede de Google.

El partido de Rosa Díez quiere que el Gobierno explique por qué aprobó contra el sector y la oposición la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y, cuatro meses después, no hay ni una letra escrita de la orden ministerial que la propia ley exige para desarrollar la aplicación, entre otras cosas, de la polémica 'tasa Google'.

“No sabemos nada de esa orden ministerial y queremos que el Gobierno se pronuncie y nos diga por qué está parado”, explica el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán. “No tiene sentido que el Gobierno aprobara esta norma tal y como lo hizo antes de final de año y que ahora tenga parado la norma que la desarrolla”, asegura.

UPyD ha registrado esa pregunta por escrito al Gobierno y ahora el Ejecutivo tiene que responder también por escrito sin que haya un tiempo determinado para hacerlo. “Puede tardar semanas o meses en contestar”, admiten en el partido.

Desde este partido se apunta que la aprobación de la norma generó que numerosas empresas tecnológicas paralizaran proyectos o inversiones en España hasta conocer los planes del Ejecutivo.

Editores

Por su parte, desde la Asociación de Publicaciones Periódicas (AEEPP), que se opusieron con determinación a la 'tasa Google' durante la tramitación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, también se ha pedido reiteradamente al Gobierno que escuche a las partes afectadas y han criticado duramente que, “después de aprobar la ley y de hacerle el favor a los grandes editores, ahora resulta que está en el congelador”.

Según fuentes de la AEEPP, la imagen que está dando el Gobierno dentro y fuera de nuestras fronteras con este asunto no es la más favorable.

Menos críticos se muestran en CEDRO, la entidad de gestión que, según la ley, deberá facturar a los agregadores que utilicen las noticias de los editores. Fuentes de Cedro aseguran que “el contacto con el ministerio es constante por nuestra parte para aportarles nuestra opinión”, aunque aseguran que desconocen si la orden ministerial se está redactando.

“Mientras no entre en vigor esa orden ministerial, nosotros funcionamos con las tarifas marcadas con las condiciones de la ley anterior, no con la que entró en vigor el 1 de enero porque no está desarrollada”, explican estas fuentes.

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