La Audiencia Nacional dictamina que si los jueces se equivocan (y dejan libre a un degenerado) el Estado debe indemnizar

La Audiencia Nacional ha declarado la responsabilidad patrimonial del Estado por la concesión del permiso penitenciario durante el que Antonio Anglés supuestamente asesinó a tres niñas de Alcásser (Valencia) en noviembre de 1992, y le obliga a indemnizar a los padres de éstas. En una sentencia notificada este lunes, el tribunal afirma que la concesión del permiso fue inadecuada y que, al perseguir éstos la resocialización de los presos, el riesgo que asume la sociedad debe ser soportado por el conjunto de los ciudadanos. La Sala de lo Contenciosos-Administrativo concede a cada progenitor la suma de 300.506,05 euros en concepto de indemnización, cantidad que habrá de incrementarse con los correspondientes intereses. La compensación no les devolverá a estas familias al ser querido. Ni siquiera aliviará su dolor. Pero supone una buena advertencia para jueces y magistrados que deban decidir sobre casos parecidos en el futuro. Guinda a la justicia.