A Miguel Ángel Fernández Pérez, subdelegado del Gobierno en Vizcaya, que multa con 3.100 euros a 67 escoltas que se llevan el arma a casa para no quedar indefensos
La Subdelegación del Gobierno en Vizcaya, dirigida por Miguel Ángel Fernández Pérez, ha propuesto sancionar con una multa de 3.100 euros a cada uno de los 67 escoltas que se niegan a depositar su pistola reglamentaria en el armero una vez que finaliza su jornada laboral. Se trata de 67 escoltas de la empresa Seguritas, compañía que también puede ser multada con 30.000 euros. En efecto, la legislación actual exige que los agentes de seguridad privada renuncien a su arma, que debe quedar bajo custodia, una vez que finalicen su jornada de trabajo diaria. Hay que ser razonables. Tal y como publicaba en el día de ayer este confidencial (acceda aquí a la información), “todo el mundo” en el País Vasco conoce a los escoltas y sabe dónde trabajan. En su tiempo libre, mientras pasean por las calles de las ciudades donde viven se encuentran claramente desprotegidos y se convierten así en potenciales objetivos de un ataque terrorista. ¿Se imaginan a los políticos o empresarios vascos amenazados por ETA pasenado sin escolta fuera de su jornada laboral o que fueran multados por ir acompañados de su guardaespaldas? Pues algo así es lo que deben sufrir los escoltas. Guindilla a Miguel Ángel Fernández Pérez, el subdelegado del Gobierno en Vizcaya que bien podría iniciar un procedimiento para cambiar la legislación.
