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En los días inmediatamente posteriores al terrible atentado terrorista del 11-M en Madrid, y de forma especial en las manifestaciones que tuvieron lugar al día siguiente en toda España, se oyeron voces y se repitieron consignas en las que básicamente se pedía al Gobierno de entonces que contara la verdad de lo ocurrido. Los ciudadanos querían saber.  Ese estado de opinión tuvo su punto álgido, cuando en la noche de la jornada de reflexión, el actual portavoz del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, en una muestra de lo que nunca debe ser el comportamiento de un político en una democracia, dijo aquello de que "los españoles se merecen un Gobierno que les diga la verdad".

 

Quien le iba a decir a este dirigente socialista que un año después, sean ya muchos  españoles los que empiecen a pedir al actual Gobierno y específicamente a su Presidente, que explique con toda claridad cuales son sus planes para luchar contra ETA o si se quiere un enunciado mas positivo, cual es su estrategia para conseguir la paz en Euskadi.

 

Porque tras la entrevista a "oscuras" celebrada la pasada semana en la Moncloa entre Zapatero y el lehendakari en funciones, Juan José Ibarretxe, la opinión pública tiene más que sospechas que algo se está cociendo a sus espaldas. Y en cuestión tan delicada como es la lucha antiterrorista, en perfectamente entendible que la exigencia de claridad y transparencia en relación a donde se está dispuesto a llegar sea más alta que si se tratara de otros temas.

 

Ese sexto sentido que tienen los ciudadanos apunta a que el Presidente del Gobierno ha emprendido un camino muy peligroso, en el que ha orillado al Pacto Antiterrorista firmado en diciembre del 2000 por el PP y el PSOE y que tan buenos resultados ha dado en este tiempo. Asimismo, Zapatero, permitiendo la presentación de la lista apoyada por ETA-Batasuna, la del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) a las recientes elecciones en Euskadi, ha dilapidado la Ley de Partidos.

 

Los ciudadanos quieren saber si el Presidente del Gobierno va a pagar un "precio político" por la paz, lo cual constituiría una auténtica afrenta hacia las víctimas del terrorismo que precisamente fueron asesinadas porque los diversos Gobiernos que ha tenido España no se han doblegado nunca ante el chantaje terrorista.

 

Los ciudadanos quieren saber si esa "hoja de ruta" que ha emprendido Zapatero en Euskadi está interrelacionada con la hipoteca que tiene que pagar a Esquerra Republicana un día si y otro también, para que este partido le mantenga a él en la Moncloa y a Maragall en la Generalitat. Los ciudadanos quieren saber si ETA y Carod Rovira acordaron en su tristemente famosa reunión de Perpignan algo de lo que está pasando en la política española.

 

La exigencia ciudadana de saber lo que se está trayendo entre manos Zapatero tiene toda su lógica y más temprano que tarde, el Presidente del Gobierno no podrá eludirla. De momento, esta semana esta cuestión será sin duda una de las que más atención ocupe en el Debate del Estado de la Nación. ZP no puede escudarse por más tiempo en la lealtad que él tuvo cuando estaba en la oposición con el Gobierno en la lucha antiterrorista, porque entre otros motivos, la situación era diferente ya que todo el mundo sabía cual era la política antiterrorista que llevó adelante los diversos Gobiernos de Aznar.

 

Que Zapatero quiera trabajar por la paz, es algo lógico y que está en su sueldo de Presidente. Que quiera ser él quien escenifique y firme esa paz, empieza a ser un poco ruin y que para conseguirlo, esté dispuesto a negociar con los terroristas y a hacer concesiones políticas, es algo profundamente antidemocrático e inmoral.