Las relaciones Defensa-Pentágono han quedado mermadas con el cese del encargado de los contratos de armamento para las Fuerzas Armadas desde 1984

El pasado 28 de junio, el Ministerio de Defensa que dirige José Antonio Alonso cesó a Antonio Rodríguez, encargado de negociar con el Pentágono los contratos armamentísticos para las Fuerzas Armadas (FAS) desde 1984. En el sector no ha sentado bien que se le haya apartado del cargo.

Llegó al Ministerio de Defensa en 1984 de la mano del socialista Narcís Serra, hasta finales del mes de junio pasado con José Antonio Alonso de ministro. Era el encargado de las negociaciones para adquirir material armamentístico –los cazabombarderos F-18, por ejemplo- y de ganar contraprestaciones para la industria militar española –también conocidas como operaciones de “retorno”-.

Su salida ha tenido que ver con la reestructuración de Ingeniería de Sistemas para la Defensa (Isdefe) que reducía su cúpula directiva a un consejero delegado en vez de dos. Miguel Ángel Panduro, por decisión del Ministerio, ha desplazado a Rodríguez con esta iniciativa. Pero no es el único. El que fuera su segundo de a bordo, Enrique Navarro, también ha causado “baja” en la reestructuración.

Fuentes del sector armamentístico español consultadas por El Confidencial Digital, aseguran que la salida de Rodríguez y su equipo ha supuesto una limitación en las relaciones con el Pentágono. “Ahora que se estaban arreglando las cosas con los EE.UU, prescinden del único que tiene acceso en el Pentágono”, lamentan los empresarios.

Las mismas fuentes apuntan que en estas fechas veraniegas su ausencia todavía no ha repercutido negativamente en el sector y que habrá que esperar a la vuelta de septiembre, pero “ya no será lo mismo que antes y exportar la tecnología española resultará todavía más costoso”, sentencian. Sin embargo, hay quien recuerda incluso que los efectos en perjuicio de las empresas españolas ya se está constatando. EADS-CASA perdió a comienzos de julio un importante contrato –‘Joint Cargo Aircraft’- por un importe superior a los 2.000 millones de dólares por la venta de 80 aviones de transporte medio para la Fuerza Aérea y el Ejército de Tierra de Estados Unidos.

 

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