Detectan en Castellón una estructura tecnológica que operaba sin dejar rastro oficial
Una investigación rutinaria por consumo eléctrico anómalo en un polígono industrial de Castellón ha llevado a la Guardia Civil a descubrir una instalación tecnológica de alto rendimiento. Lo que en un principio parecía una plantación ilegal de marihuana escondía una estructura muy distinta.
El hallazgo pone de relieve el funcionamiento de las granjas de criptomonedas y los riesgos asociados a su uso indebido de recursos públicos, en este caso mediante una acometida eléctrica irregular valorada en miles de euros.
Qué son las granjas de criptomonedas
Las llamadas granjas de criptomonedas son instalaciones preparadas para realizar procesos de minería, es decir, resolver complejas operaciones informáticas que validan transacciones de monedas digitales como el bitcoin. A cambio de esta validación, los operadores obtienen recompensas en forma de criptomonedas.
Estas infraestructuras suelen instalarse en naves industriales o locales con capacidad para albergar decenas o cientos de ordenadores conectados a la red, funcionando de forma continua. Para mantener esa operatividad requieren grandes cantidades de energía eléctrica, así como sistemas de refrigeración que eviten el sobrecalentamiento de los equipos.
Legalidad y control
El minado de criptomonedas no es ilegal en España, siempre que cumpla con la normativa vigente, especialmente en lo relativo al uso de la electricidad y a las licencias de actividad. Uno de los principales problemas asociados a estas granjas es el uso fraudulento del suministro eléctrico, con conexiones ilegales a la red pública para evitar pagar por el elevado consumo.
Por este motivo, las compañías eléctricas y las fuerzas de seguridad vigilan con especial atención consumos anómalos que puedan indicar la existencia de instalaciones clandestinas.
El caso de Castellón
La operación tuvo lugar en una nave industrial ubicada en el municipio de l’Alcora. La Guardia Civil de Castellón, a través de su Equipo Roca y del Área de Investigación del Puesto Principal de Onda, inició una investigación tras detectar un consumo eléctrico anormalmente alto en un inmueble sin actividad registrada.
Ante la sospecha de una plantación de marihuana, se solicitó un registro judicial. Sin embargo, lo que encontraron los agentes fue una granja de minado de criptomonedas operando con múltiples sistemas informáticos de alto rendimiento y unidades de refrigeración, todas conectadas a través de acometidas ilegales.
Un delito de fraude eléctrico
El detenido, un hombre de 33 años, está acusado de un presunto delito de defraudación de fluido eléctrico. El valor del fraude cometido asciende a unos 150.000 euros. Las diligencias han sido ya entregadas en los Juzgados de Castellón.
Este caso pone de manifiesto la complejidad de estas instalaciones, que pueden pasar desapercibidas incluso para quienes realizan controles físicos en el entorno. Solo un seguimiento exhaustivo del consumo energético permitió descubrir la trama.
Cómo operan estas granjas
El funcionamiento de una granja de criptomonedas se basa en la potencia de cálculo. Cuanto mayor sea la capacidad de los equipos para realizar las operaciones requeridas por la red blockchain, mayores serán los beneficios obtenidos. Por ello, estos espacios están diseñados para operar las 24 horas del día, con ventilación forzada, temperatura controlada y una infraestructura eléctrica que puede llegar a consumir tanto como una pequeña fábrica.
Un fenómeno global
Las granjas de criptomonedas no son exclusivas de España. Existen en numerosos países, especialmente en aquellos donde el coste de la electricidad es bajo o donde la regulación permite un uso más flexible de los recursos. En algunos casos, incluso, se han trasladado a zonas rurales o países nórdicos para aprovechar el frío natural como sistema de refrigeración pasivo.
La descentralización del sistema de criptomonedas permite que estas granjas funcionen en cualquier parte del mundo, siempre que tengan acceso a energía y conexión a internet. Esta libertad, sin embargo, también ha generado conflictos relacionados con el consumo energético y el impacto medioambiental.
La vigilancia sigue activa
Las autoridades mantienen activa la vigilancia sobre este tipo de instalaciones. Aunque el caso de Castellón no supuso una actividad peligrosa desde el punto de vista químico o sanitario, sí generó un perjuicio económico sustancial y puso en riesgo la seguridad de la red eléctrica local.
La colaboración entre empresas distribuidoras de electricidad y las fuerzas de seguridad se ha convertido en una herramienta esencial para detectar este tipo de fraudes. La coordinación permite actuar con rapidez cuando se detectan patrones anómalos de consumo.
Una advertencia a futuros infractores
El caso de l’Alcora actúa como aviso para quienes buscan beneficiarse de sistemas energéticos sin asumir sus costes. La minería de criptomonedas puede ser rentable, pero debe hacerse dentro de los márgenes legales. El fraude eléctrico, además de ser un delito penal, puede poner en riesgo a los propios operarios y a la infraestructura eléctrica de la zona.
La Guardia Civil insiste en que continuará con las labores de detección y actuación ante estas prácticas, reforzando los controles técnicos y judiciales en todo el territorio nacional.