Dinero

El Gobierno endurecerá las multas a las empresas por los contratos temporales fraudulentos

Se va a disparar la cuantía de las sanciones: el nuevo régimen no contempla una penalización global, sino por cada uno de los trabajadores en situación irregular

Magdalena Valerio, ministra de Trabajo.
photo_cameraMagdalena Valerio, ministra de Trabajo.

Los primeros retoques en la reforma laboral parecen inminentes. Así lo ha anunciado esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto empresarial ante varios ministros y el líder del PP, Pablo Casado. Pero la verdadera “revolución laboral” que prepara el Ejecutivo del PSOE no va a ser la simplificación de contratos.

Sánchez avanzó incluso que su pretensión era simplificar “en unas semanas” a tres el número de contratos actuales (uno indefinido, uno temporal y otro de formación o relevo), recuperar la jubilación forzosa por edad en los convenios colectivos y reducir las bonificaciones a la contratación para acabar con la precariedad.

La “agenda del cambio” a la que se refirió el presidente incluye un plan de choque por el empleo joven para antes de final de año. Pondrá el foco en mejorar las competencias digitales y de lengua extranjera. También prometió una ley de formación profesional para desarrollar el modelo de FP dual incorporando a las empresas.

Por el momento, el anuncio de Sánchez tiene desconcertados a los agentes sociales, que niegan que se estén produciendo avances en la mesa del diálogo social. Pero no cierran tampoco las puertas a la negociación. Han emplazado al presidente a tratar en ese marco las medidas anunciadas en público.

La reducción de contratos será inminente

Fuentes próximas a las conversaciones, a las que ha tenido acceso Confidencial Digital, explican que la reducción de tipos de contrato de trabajo de los cuatros actuales a tres podría convertirse en realidad este mismo año.

Gobierno y sindicatos, que habían iniciado una etapa de entendimiento con la nueva ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se muestran partidarios de simplificar la contratación.

En la CEOE también están a favor de eliminar trabas burocráticas y de facilitar la creación de empleo. La sintonía en este asunto, por tanto, se encuentra avanzada a la espera de negociar los últimos flecos.

Elevar las multas por cada contrato temporal irregular

En cambio, hay otros aspectos más polémicos que el Gobierno reserva para las negociaciones con los agentes sociales, a los que, en principio, el Ministerio de Trabajo no está dispuesto a renunciar. El principal de ellos es el endurecimiento del régimen sancionador para las empresas que suscriban contratos temporales sin justificación.

Conforme a la ley actual, la Inspección de Trabajo plantea ahora una única multa a las compañías infractoras, añadiéndole como agravante el número de contratos considerados indebidamente temporales.

La Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social es la que establece como infracción grave el fraude en la contratación temporal con una multa que parte de los 600 euros

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de la propuesta, el Gobierno pretende ahora que la empresa sea sancionada por todos y cada uno de los trabajadores que estén en la situación fraudulenta. Es decir, una sanción por cada contrato ilegal. Se plantea multas que superen los 7.000 euros por empleado irregular.

Se trata de que el incumplimiento de la ley le salga más caro a las empresas. Es la razón por la que el Gobierno espera que la medida, una vez que sea anunciada en las próximas semanas, tenga un importante efecto disuasorio.  

Por lo tanto, la principal reforma en la que trabaja el Ministerio de Trabajo es que hasta ahora se sancionaba en conjunto a la empresa, siendo así una sola multa. El sistema actual está centrado en la infracción y no contempla íntegramente el número de trabajadores afectados.

Contra la encadenación de contratos temporales

Así pues, en el Ejecutivo no están dispuestos a ceder en el endurecimiento de la lucha contra el fraude. Todo lo contrario. La propia Magdalena Valerio es la principal impulsora de elevar las multas por cada contrato temporal sin justificar.

El objetivo es claro: corregir la conducta de los empresarios que recurren a la encadenación de contratos temporales: “Detrás de cada contrato en fraude hay una vulneración de derechos”. Una postura que ya defendía públicamente hace unos meses la anterior ministra de Empleo, Fátima Báñez, pero que finalmente quedó en nada.

En la CEOE también son favorables a introducir modificaciones en la contratación temporal. Fuentes de la patronal explican a ECD que “está claro que existe un abuso de la temporalidad con la que hay que acabar”. Sin embargo, su propuesta pasa por facilitar la contratación, en primer lugar, pero sobre todo, por avanzar en la flexibilidad.

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