Hacienda recibe un informe de la Abogacía del Estado que avala el nuevo impuesto de plusvalía
Ha solicitado un dictamen de urgencia para protegerse frente a la oleada de pleitos anunciada. Respuesta: la reforma sí puede realizarse por decreto ley
La nueva plusvalía municipal aprobada por el Gobierno entró en vigor este miércoles y con polémica al haberse tramitado vía decreto-ley. Los expertos aseguran que se trata de una medida inconstitucional y alertan que las demandas se van a multiplicar. El Ministerio de Hacienda se ha armado jurídicamente ante la oleada de pleitos que se avecina.
El Consejo de Ministros aprobó el lunes la modificación de este tributo, que grava la revalorización del suelo, y lo hizo mediante decreto-ley. Esta vía ha sido muy criticada porque este mecanismo está pensado para atender situaciones de extrema y urgente necesidad.
Informe de la Abogacía del Estado
Pese a ello, fuentes de alto nivel del Ministerio de Hacienda confirman a Confidencial Digital que María Jesús Montero ha recibido el aval de la Abogacía del Estado a su modificación del impuesto de plusvalía municipal.
Ha solicitado un informe de urgencia para protegerse frente a la oleada de pleitos de abogados que se ha anunciado tras la reforma exprés que se acaba de aprobar.
El dictamen de los servicios jurídicos del Estado ha sido claro: la reforma sí puede realizarse por decreto ley porque la parte del impuesto que se ha modificado no requiere de una tramitación por una ley ordinaria.
Tramitarlo como proyecto de ley
Al igual que otros expertos y abogados, los propios técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) también ven un riesgo de inconstitucionalidad en la nueva regulación de la Base imponible de la Plusvalía municipal aprobada mediante un Real Decreto ley, al diseñar uno de los elementos esenciales del tributo prescindiendo de una ley ordinaria.
Según los técnicos de Hacienda, tras la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 26 de octubre -que determinó la inconstitucionalidad de varios preceptos de la Base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)-, la nueva regulación en un Decreto ley podría vulnerar el principio de reserva de ley del artículo 133 de la Constitución, por lo que recomiendan que, una vez que sea convalidado, se tramite como proyecto de ley para eliminar cualquier riesgo.
Argumentan que, con la tramitación como proyecto de ley, se mejorará el contenido y redacción y se lograría una mayor estabilidad de la nueva regulación en el futuro, ya que asegura que habrá contribuyentes que recurrirán las liquidaciones de la Plusvalía con la nueva normativa pidiendo a los Tribunales de Justicia que planteen una nueva cuestión de inconstitucionalidad.
Fuentes de Hacienda confirman a ECD que el Gobierno no se opondrá a una tramitación de la reforma como proyecto ley si así lo decide el Congreso durante la convalidación del decreto en el plazo de un mes.
