Los nuevos cajeros tendrán esta función clave para personas con discapacidad

Una década de margen para renovar los cajeros

Desde el 28 de junio de 2024 está en vigor la Ley 11/2023, que transpone al ordenamiento español la Directiva Europea 2019/882 sobre requisitos de accesibilidad de productos y servicios. El texto legal tiene como objetivo eliminar barreras para que cualquier persona, con independencia de su capacidad física o sensorial, pueda utilizar con autonomía productos tan básicos como un cajero automático.

Sin embargo, la normativa contempla un extenso periodo de adaptación. Los más de 47.000 cajeros instalados antes de su entrada en vigor podrán seguir operativos durante diez años, siempre que no superen su vida útil económica. No obstante, a partir de junio de 2030, deberán dejar de utilizar tecnología que no sea accesible.

Requisitos técnicos de accesibilidad

Los nuevos cajeros deberán cumplir exigencias como pantalla con letra ampliada, ajuste de brillo y contraste, instrucciones por voz, compatibilidad con audífonos y presencia de texto en braille. También tendrán que ubicarse a una altura accesible y contar con plataformas de acceso para personas con movilidad reducida.

El coste medio de actualización por terminal oscila entre los 1.500 y los 3.000 euros. Las entidades que incumplan los requisitos se enfrentan a sanciones de hasta un millón de euros en casos graves.

Críticas de las organizaciones de mayores

Desde la Plataforma de Mayores y Pensionistas, su presidente Jesús Norberto Fernández considera la ley "insuficiente". Aunque reconoce el avance, advierte que los cambios se retrasarán en el tiempo, lo que prolongará las dificultades de acceso para colectivos vulnerables.

Una de las principales preocupaciones es la reducción de oficinas bancarias. Según datos oficiales, España ha pasado de más de 45.000 sucursales en 2008 a unas 17.000 en la actualidad. Esta caída ha supuesto también una disminución del número de cajeros, muchos de los cuales han sido sustituidos por terminales "desplazados", es decir, sin personal de atención al cliente.

Respuesta del sector bancario

Las principales entidades financieras, agrupadas en AEB, CECA y UNACC, aseguran haber iniciado el proceso de adaptación antes de la entrada en vigor de la norma. Algunas han actualizado el software de sus terminales o incorporado menús accesibles con tecnología contactless y tipografía legible.

Estas medidas se debatieron en el último Foro de Inclusión Financiera, donde también participaron el Banco de España y el Defensor del Pueblo. Las instituciones coinciden en que la tecnología debe estar al servicio de todos, especialmente de quienes tienen mayores barreras para acceder a los servicios bancarios.

Una ley que sustituye a dos marcos previos

Antes de la Ley 11/2023, el marco legal vigente era la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad de 2013. Esta ya reconocía el derecho a usar servicios en igualdad de condiciones, pero sin especificar requisitos técnicos. A su vez, una norma de 2007 obligaba a garantizar el acceso a cajeros instalados en espacios públicos.

La nueva ley unifica y amplía estos criterios, integrando los avances tecnológicos y las nuevas demandas sociales en materia de accesibilidad universal.

¿Qué se espera en los próximos años?

El ritmo de sustitución dependerá en gran medida del compromiso de las entidades bancarias. Aunque la normativa ya está vigente, el grueso de la transformación no se completará antes de 2030. Por tanto, los próximos años serán clave para evaluar su efectividad real y su capacidad para cerrar la brecha de accesibilidad en el entorno financiero.

La inclusión financiera se mantiene como reto prioritario en un contexto de transformación digital acelerada. La legislación ha marcado el camino, pero su aplicación efectiva requerirá voluntad política, inversión y seguimiento.