Page moviliza la “conjura de Fitur”: contra el desvío de fondos autonómicos a Telefónica
Ha mantenido contactos con Juanma Moreno, Carlos Mazón y Fernando López Miras para protestar conjuntamente ante Hacienda por el “desvío” de 3.000 millones a la SEPI
- García-Page lidera a los barones
- Resurge la “conjura de Fitur”
- Retenidos 3.000 millones por la prórroga
- 1.000 millones para la compra de Telefónica
- El Estado necesita otros 1.000 millones
La ‘operación Telefónica’ del Gobierno sigue su curso y apunta a culminarse antes del verano. Pero las autonomías más deficitarias, entre las que se encuentran la socialista Castilla-La Mancha, van a exigir explicaciones a Hacienda por la decisión de usar sus fondos para financiar la entrada del Estado en la ‘teleco’ con casi 3.000 millones.
La decisión del Gobierno de no presentar unos Presupuestos Generales del Estado para 2024 y prorrogar los del año anterior generó ciertas dudas también sobre cómo iba a proceder el Estado para financiar su entrada en Telefónica. Ahora, el enfado en comunidades autónomas y ayuntamientos es mayúsculo, tras quitarles Hacienda, por ahora, 1.000 millones para acometer la compra.
Hay que recordar que la renuncia del Ejecutivo a aprobar unas nuevas cuentas públicas ha abierto varias vías de agua al normal funcionamiento de las administraciones públicas, entre las que una de las más relevantes, por su magnitud y por su impacto, es la no actualización de las entregas a cuenta que reciben los gobiernos autonómicos del sistema de financiación.
Una suspensión que ha dejado en el aire alrededor de 10.000 millones de euros de ingresos que los ejecutivos autonómicos ya habían incluido en sus respectivos proyectos presupuestarios.
En 2019, último ejercicio en el que se prorrogaron los Presupuestos, el Gobierno no aprobó un decreto para la actualización de las entregas a cuenta hasta el mes de noviembre, lo que provocó tensiones de tesorería en algunas autonomías, privadas de una de sus principales fuentes de ingresos extra.
No se pasa por alto que, hasta final de marzo, la aportación a la SEPI es cuatro veces mayor que la realizada al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, que asciende a 234 millones de euros
García-Page lidera a los barones
Por todo ello, según ha podido confirmar Confidencial Digital por fuentes de varias autonomías, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, va a resucitar la “conjura de Fitur” tras conocerse, tal y cómo reveló ECD, que Hacienda ha utilizado fondos autonómicos y municipales -que considera “sobrantes”- para hacer transferencias a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el brazo gubernamental en Telefónica.
Ha mantenido contactos ya con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón; y el de la Región de Murcia, Fernando López Miras, para protestar conjuntamente ante Hacienda para que la ‘operación Telefónica’ no ponga en riesgo las entregas a cuenta para las comunidades ni ayuntamientos por el “desvío” -así lo califican ellos- de 3.000 millones de euros a la SEPI.
Resurge la “conjura de Fitur”
Resurge de esta manera, según destacan las fuentes regionales consultadas por ECD, lo que vino a conocerse el pasado mes de enero como la “conjura de Fitur”, que se ha mantenido en calma desde entonces. El corrillo en el que participó García-Page con otros barones del PP causó revuelo político y le situó como una de las figuras más críticas con Pedro Sánchez.
Todo se gestó durante el evento en Ifema, con motivo de la inauguración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Page, que acababa de llegar, saludó primero al presidente de Murcia, Fernando López Miras. Ambos se acercaron al andaluz Juanma Moreno, que estaba hablando con la presidenta de Extremadura, María Guardiola.
Pero buscaban a alguien más. “Carlos”, exponía Page mientras Miras le llamaba con la mano. Así, llegó el valenciano Mazón y esperaron a que el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, dejase de hablar para ‘reunirse’ los cuatro.
El motivo no era otro que acordar una entente para pelear juntos por una mejor financiación en sus cuatro comunidades. Hay sintonía y un “plan argumental”, como reconoció ya entonces el propio Page.
Retenidos 3.000 millones por la prórroga
Las fuentes regionales a las que ha tenido acceso ECD aseguran que Hacienda tiene retenidos más de 3.000 millones que corresponden a los entes territoriales por el retraso en la actualización de las entregas a cuenta, que no se ha producido en todo el primer trimestre del año.
En Andalucía se juegan 1.800 millones en 2024 (unos 150 millones al mes); en Cataluña, una cifra similar; Madrid perdería alrededor de 1.400 millones; y en la Comunidad Valenciana calculan un deterioro de cerca de 1.000 millones de euros.
No es poca cosa. Tal vez por ello desde el Ministerio de Hacienda se apresuraron hace unas semanas a adelantar que las entregas a cuenta de las comunidades autónomas se actualizarán de una forma u otra en el transcurso del año, aunque no haya presupuestos aprobados.
1.000 millones para la compra de Telefónica
En los territorios más deficitarios, entre los que se encuentra Castilla-La Mancha, no ocultan su enfado tras interceptar el desvío a Telefónica ya de 1.500 millones presupuestados inicialmente para comunidades autónomas y ayuntamientos.
Han detectado que, en el Capítulo 8 de la prórroga presupuestaria de 2023 vigente, sólo figuran 16.000 millones de euros en concepto de “Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territoriales”, esto es, financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos (FLA y pago a proveedores).
De estos 16.000 millones, Hacienda ha destinado casi 1.500 para la compra del 6% de Telefónica. En concreto, la SEPI, tras las compras realizadas en mercado en las últimas sesiones, ha superado el ecuador del mandato del Consejo de Ministros, consistente en alcanzar el 10% del capital de la operadora.
El Estado necesita otros 1.000 millones
A finales del año pasado el Gobierno ordenó a la SEPI la adquisición de hasta un 10% del capital social de Telefónica en un movimiento que estuvo marcado por el sorpresivo desembarco en la compañía de la operadora saudí STC, que el pasado septiembre se hizo con el 9,9% de la compañía -un 4,9% mediante acciones directas y un 5% con derivados financieros- por unos 2.100 millones de euros.
Al precio de mercado actual, el paquete accionarial del Ejecutivo en Telefónica tiene un valor de unos 1.435 millones de euros.
Al mismo tiempo, al precio de mercado actual, la adquisición del otro 4% restante (hasta alcanzar el 10%) tendrá un coste de unos 1.000 millones de euros. En las autonomías y ayuntamientos sospechan que Hacienda tiene retenido parte del dinero que les corresponde, en torno precisamente a esos 1.000 millones, para completar el desembarco del Estado en Telefónica.
