¿Qué está pasando en la universidad?

Para entender qué es lo que está pasando, recordemos que hace un año las quejas de los rectores aludían a la insostenibilidad económica del sistema, como consecuencia de la aplicación, con más de un año de demora tras su aprobación, de la LOSU. La última ley orgánica que regula el espacio de educación superior rebajó en un 25% la carga lectiva de algunas figuras docentes, presumiendo un aumento de plantilla y de gasto, que si bien nunca se materializó, sirvió de pretexto a los pedigüeños gestores. Saliendo al paso de este problema, tanto las administraciones autonómicas como la estatal, ofrecieron diversas soluciones –programa María Goyri, etc.– que calmaron los ánimos momentáneamente.

Entre tanto, hemos asistido a la implantación de múltiples centros privados por toda la geografía española, siendo la Comunidad de Madrid uno de los casos más significativos, donde los privados ya son más del doble que los públicos y acaparan aproximadamente un 50% del alumnado universitario.

Las razones de esta eclosión de iniciativa privada son variadas: el interés económico de fondos de inversión, tal y como viene sucediendo en formación profesional y enseñanzas medias, la falta de plazas públicas en carreras muy solicitadas, y la creciente demanda, alentada por un cambio en la percepción social de estos centros.

Los rectores de la públicas han solicitado a los poderes políticos que limiten la concesión de licencias privadas, arguyendo que la universidad pública requiere de una financiación suficiente. Salta a la vista lo falaz del argumento, ya que los promotores privados gestionan recursos propios. No obstante, a comienzos del mes de octubre el Consejo de Ministros aprobó un decreto que, en palabras de la ministra de universidades, Diana Morant, puede dificultar la supervivencia de algunos campus privados. Un ejemplo de postureo político, más orientado a apaciguar que a gobernar.

La financiación de los centros públicos proviene básicamente de las transferencias autonómicas (entre el 60% y el 65%) y de las tasas académicas, y lo cierto es que sus presupuestos no han dejado de crecer en términos absolutos en los últimos años. Otra cosa es que su evolución se cocine en función del PIB, del IPC o del gasto autonómico. Al fin y al cabo, lo verdaderamente importante no es el dinero invertido, sino el retorno obtenido, esto es, la excelencia en la formación de cada egresado. No podemos caer en la simpleza de pensar que a más gasto, mejores resultados.

Alguien podría argumentar que la iniciativa privada detrae alumnos a la pública, lo cual ocasionaría cierto menoscabo económico vía tasas académicas, pero esto tampoco es cierto, pues la demanda que recibe la pública supera su oferta. Pensemos que hemos diseñado un sistema de acceso a los estudios superiores (selectividad, PAU, etc.) en el que cada curso se matriculan más estudiantes y cuya tasa de éxito ronda el 95%, es decir, un sistema que aporta un enorme caudal de potenciales alumnos. En todo caso, son los estudios de formación profesional los que crecen notablemente en los últimos años, mostrando un positivo cambio de tendencia que podría terminar afectando al sistema universitario en su conjunto.

Dicho esto, ¿qué es lo que enmascara toda esta batalla dialéctica? A mi juicio, dos hechos que empujan al sistema en la misma dirección: la creciente aceptación social de la universidad privada y la decadencia de la universidad pública.

Hasta no hace mucho la privada era percibida como elitista y cara, e incluso, en algunas ocasiones, como un mero expendedor de títulos. Hoy se entiende como una inversión, pues la empleabilidad de sus egresados es un 8% superior a los de la pública nada más graduarse y un 2% superior a los cuatro años. En cuanto a la oferta formativa, la iniciativa privada exhibe una adaptabilidad a las necesidades laborales que la pública es incapaz de seguir, anquilosada en una burocracia de proporciones colosales. El lector me permitirá no desvelar al “pecador”, pero puedo afirmar que algunos planes de estudios de grados tecnológicos en centros públicos no se han modificado en los últimos 15 años.

La decadencia de la universidad pública se manifiesta en la nefasta preparación de sus egresados, consecuencia de la baja exigencia académica, que desincentiva a los alumnos, de la merma de horas lectivas y de unos deficientes planes de estudios, elaborados a mayor gloria de los departamentos, que son los verdaderos centros de poder. Como ya escribí en este mismo medio hace tres años, la universidad impostada es un mero decorado que no sirve a la sociedad, sino a sí misma.

¿Es cierto que la universidad pública adolece de falta de recursos económicos? Si analizamos los presupuestos, observaremos que entre el 50% y el 70% se dedica a nóminas. La LOSU eliminó el requisito de que el 51% del personal docente fuera funcionario, fijando únicamente que sea mayoritario en equivalencias a tiempo completo. Esto ha conducido a la precarización del profesorado, disminuyendo la tasa de funcionarios a una horquilla que va del 28% al 38%, aumentando el porcentaje de ayudantes doctores y abusando de la figura del sustituto, introducida por la nueva ley para cubrir temporalmente las ausencias del personal docente e investigador.

La nueva distribución de figuras laborales, nacida al amparo de la LOSU, ha disminuido la masa salarial de los docentes, por mucho que se haya reducido la carga lectiva de algunos. Con todo, lo que observamos desde dentro es que un porcentaje enorme de funcionarios disfrutan de descargas docentes, cargos con derecho a complemento retributivo y licencias varias, evidenciando una política irresponsable, incompatible con el fingido escenario de penuria económica. Para colmo, el personal auxiliar ha crecido en la última década, incluso cuando muchos puestos de gestión son ocupados por docentes que huyen de las aulas.

En este marco laboral, la endogamia se enquista curso tras curso, pues la disminución del personal funcionario implica la ausencia de oposiciones que garanticen la contratación de los mejores según los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y la carrera profesional se resuelve mediante promoción interna, de manera que basta con ser dócil para ir ascendiendo en plazas creadas ah hoc, eludiendo sistemáticamente ser examinado de los conocimientos objeto de la docencia.

¿Cómo es posible que se reclame mayor financiación mientras se infrautiliza el personal docente y se multiplica el personal administrativo sin una clara necesidad? La respuesta es que la institución ha caído en el ensimismamiento pues los profesores están más pendientes de su propia promoción que del progreso de los estudiantes. Se descuida la docencia y se utiliza el constructivismo pedagógico, en el que pocos creen, como coartada para abandonar a los estudiantes a su suerte y reducir las horas lectivas. Muchos profesores precarios no se saben la lección, ya que están centrados en publicar artículos, que nadie leerá, para poder acreditarse y optar a figuras laborales más jugosas. En definitiva, la institución no presta la debida atención a lo que le es esencial.

En cuanto a la administración, predomina el diletantismo de desertores de la tiza, que gobiernan la universidad sin responder de su pésima gestión. El derecho colectivo a la autonomía universitaria, que deriva del personal a la libertad de cátedra, se esgrime cual patente de corso para no rendir cuentas. ¿Qué tendrá que ver la libertad de enseñanza con la transparencia? No se comprende por qué la intervención del Estado fiscaliza los fondos de un ayuntamiento pero no los de una universidad pública. ¿En qué se gasta la parte del presupuesto que no son nóminas? Edificios vacíos, campañas publicitarias, proyectos fallidos, ocurrencias… ¡Muchas ocurrencias!

¿Cómo puede ser que los rectores soliciten rescates sin dar explicaciones de su gestión? ¿Cómo pueden quejarse de las privadas mientras toleran que algunos de sus empleados colaboren con ellas, eludiendo la dedicación exclusiva? El gobierno de lo público no puede ser un juego irresponsable, sino que debe auditarse, tanto en los aspectos administrativos como en el cumplimiento de sus fines académicos.

La universidad pública se ha convertido en una ubre nutricia que se esquilma plácidamente, una fuente segura de ingresos ganados con indolencia, un momio que permite desviar el esfuerzo y la atención a otros menesteres. Esta traición tiene que acabar: nuestros jóvenes merecen una universidad a su servicio.

Rafael Rico López

Profesor de Arquitectura y Tecnología de Computadores