Abogados penales: la especialización más compleja del ámbito del derecho en España

La importancia de contar con un abogado especializado en derecho penal

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Abogados penales: la especialización más compleja del ámbito del derecho en España

El mundo de la abogacía es complejo y muy amplio. En un contexto como el sistema democrático español, existen diferentes códigos, normativas y leyes que rigen la vida en todos los ámbitos: civil, empresarial, propiedad intelectual, importaciones y exportaciones… De todos los sectores del derecho, quizá el derecho penal sea el más complejo, por todo lo que implican los casos que se consideran dentro de este ámbito.

Los Abogados Penales son aquellos que se especializan en procedimientos judiciales graves donde, casi siempre, sobrevuela la sombra de la pena de prisión para el acusado. La privación de libertad es el mayor castigo que puede sufrir una persona en nuestro país, por lo que enfrentarse a un caso de este tipo suele ser una experiencia muy compleja, en la que contar con la mejor asistencia legal es clave.

Belo Silva Abogados, un bufete especializado con sede Madrid, y gran experiencia en este tipo de casos, repasa las principales características del derecho penal y qué tipo de casos y penas están asociadas a estos procesos en nuestro país.

Los casos penales en España: sucesos que se pueden pagar con la cárcel

Son muchos y muy variados los escenarios que pueden saldarse con el inicio de un juicio penal. Para tenerlos todos en cuenta lo mejor es hacer una revisión del Código Penal. Sin embargo, es posible destacar una serie de sucesos que son los que de manera habitual se juzgan bajo este tipo de procedimientos:

  • Delitos contra las personas: lesiones graves, homicidios y asesinatos, detención ilegal o amenazas, entre otros escenarios.
  • Delitos de violencia de género.
  • Delitos económicos y contra el patrimonio: estafas, blanqueo de capitales, robos o defraudaciones.
  • Delitos contra la salud pública: cotidianamente conocidos como delitos de tráficos de drogas o estupefacientes.
  • Delitos graves de tráfico: conducción sin carné, delito de omisión del deber de socorro o conducción temeraria, entre otros.
  • Delitos políticos: prevaricación, tráfico de influencias, casos de corrupción…
  • Delitos medioambientales y urbanísticos.
  • Delitos contra el honor: descubrimiento de secretos, calumnias e injurias.
  • Otros sucesos: delitos contra la propiedad intelectual, contra el patrimonio histórico o falta de cumplimiento de deberes familiares.

Como se puede ver por este amplio listado, son muchísimas las situaciones que pueden implicar una condena penal para una persona acusada por un delito.

La principal diferencia es que los casos de tipo civil son aquellos en los que la falta solo afecta a una persona de manera privada, por ejemplo, un desacuerdo entre vecinos por las lindes de un campo, mientras que los hechos delictivos de carácter penal se consideran tales porque atentan contra la sociedad española en general.

Historia del derecho penal en España

El derecho penal es un concepto jurídico que surge en torno a los últimos años del siglo XVIII en toda Europa.

En esta época, la Ilustración, los principales pensadores y políticos consideraron que era necesario actualizar los códigos de justicia, que seguían basados en una sociedad estamental donde las clases bajas siempre se veían más perjudicadas que los sectores pudientes y nobles.

En el caso concreto de España, desde 1822 se han ido sucediendo distintos códigos penales que se han adaptado a la sensibilidad y situación de cada época. Y así hasta llegar a la actualidad, en la que nos regimos por el Código Penal publicado en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, que está vigente desde el 26 de mayo de 1996.

 

Obviamente, el texto va experimentando adendas y modificaciones de manera habitual a través de decisiones que se toman en el Congreso y en el Senado. El objetivo de estas modificaciones es ir incluyendo nuevas realidades que deben ser reguladas, adaptarse a la aparición de distintas leyes e incluso derogar normativas o castigos que ya no aplican en el momento actual.

El Código Penal español de 1995

El Código Penal español vigente cuenta con un título preliminar, donde se establecen las garantías penales y la aplicación de dicha ley.

Después, se incluyen dos grandes libros, el primero centrado en detallar las disposiciones generales sobre los delitos, las personas responsables, las penas, medidas de seguridad y demás consecuencias de la infracción penal y el segundo, que concreta los tipos de delitos y sus penas.

En 2023 hay un total de 616 artículos que rigen cosas tan variadas como el delito de piratería, el delito de genocidio, los delitos contra la Hacienda Pública y los delitos contra el honor, además del amplio catálogo ya mencionado y otros muchos asuntos que tienen que ver con el interés general de la sociedad española.

Básicamente, cualquier procedimiento legal que juzgue a una persona o a varias desde la vía penal tendrá que tener una resolución basada en lo que estos artículos indiquen en esos momentos. Esta herramienta es una garantía de que cualquier individuo que sea procesado va a ser valorado con la misma vara de medir, independientemente de quién sea el juez o jurado que tengan que tomar la decisión sobre los hechos.

Además, las penas que se le van a imponer a esta persona o personas condenadas, en caso de llegar a serlo, también están limitadas y establecidas previamente en este texto legal, de manera que el castigo recibido no podrá ser aleatorio, sino que deberá estar acorde al Código Penal y fundamentado en los máximos y mínimos fijados para la gravedad del delito que se le imputa.

Tipos de penas para personas condenadas en procesos penales

El Código Penal español establece, desde la gran reforma de 2015, tres tipos de penas, clasificados así por la importancia de las mismas. De este modo se pueden encontrar penas leves, penas menos graves y penas graves.

  • Penas graves: incluye la prisión permanente revisable, las condenas a más de cinco años de cárcel y las inhabilitaciones absolutas para ejercer ciertos cargos. Además, se pueden sumar la imposibilidad de tener armas o conducir o las prohibiciones de acercarse a otras personas o de ejercer la patria potestad sobre los hijos.
  • Penas menos graves: comprende las sentencias que fijan prisión de entre tres meses y cinco años, inhabilitaciones temporales hasta un lustro, suspensión de empleo y sueldo, órdenes de alejamiento hasta cinco años y multas de más de tres meses, así como la obligación de hacer trabajos comunitarios, entre otras.
  • Penas leves: entre las penas leves se encuentra la prohibición de conducir vehículos hasta un máximo de un año, el uso de armas o inhabilitaciones laborales en ese mismo período, multas hasta tres meses e incluso la localización permanente desde un día a tres meses.

Obviamente, estos son solo algunos de los supuestos que se pueden incluir en las condenas. La principal diferencia suele estar en la cuantía de las multas o en el tiempo en el que la persona está obligada a cumplir con esas obligaciones establecidas en la sentencia.

La importancia de contar con un abogado especializado en derecho penal

Todo esto demuestra lo complejo que es el ámbito del derecho penal y lo que está en juego para las personas que se ven metidas de lleno en este tipo de procesos judiciales.

Por eso, en estos casos, más que en otros, es cuando se recomienda contar con una asistencia legal especializada. Un abogado centrado en casos de derecho penal es quien mejor puede armar una defensa sostenida y que se alinee con los objetivos del cliente.

Letrados como los del equipo de Belo Silva Abofados, expertos conocedores del Código Penal, son la mejor herramienta a la hora de elevar el porcentaje de éxito en un proceso de este tipo en España. 

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