El caso Aldama: un reflejo de los privilegios en la justicia española

El caso Aldama pone de manifiesto ante todos los españoles una realidad incómoda: existen privilegiados. Estos son los llamados "aforados", y dentro de ellos, los "superprivilegiados", aquellos aforados al Tribunal Supremo. Pero hay aún un nivel superior: los primus privilegio, quienes parecen poder infringir las leyes con total impunidad.

Para alcanzar una verdadera igualdad, es fundamental que el control último recaiga en los ciudadanos, de quienes emana el poder judicial. En este sentido, el papel constitucionalmente otorgado a los medios de comunicación resulta esencial. Su independencia, y el respeto de todos hacia ella, es vital para garantizar esa auténtica igualdad ante la ley que exigen tanto Europa como el mundo actual. La ciudadanía española reclama una justicia de calidad, y no hay justicia verdadera si no se obtiene en un plazo razonable, que Europa fija en un año natural.

En España no habrá verdadera justicia mientras persistan los privilegios y las máximas instituciones judiciales estén ocupadas por personas que acceden a ellas mediante un "dedazo" prevaricador, saltándose el escalafón, en lugar de por quienes ocupan los primeros puestos por mérito. El fundamento de un Estado democrático y de derecho reside en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Cualquier excepción, por mínima que parezca, se convierte en un cáncer que, tarde o temprano, amenaza la libertad de todos. Si algunos pueden infringir las leyes o resoluciones judiciales sin consecuencias, el sistema terminará transformándose en una dictadura al servicio de los caprichos de unos pocos privilegiados.

Las leyes deben ser acatadas por todos sin excepción, especialmente por los políticos y quienes ejercen la función jurisdiccional. El incumplimiento de estas normas obliga a cualquier Estado democrático a sancionar a quienes las ignoran. Sin embargo, el caso Aldama evidencia, hoy más que nunca, la existencia de una élite que, al vulnerar las leyes, no solo queda impune, sino que disfruta de privilegios en lugar de ser un ejemplo de cumplimiento estricto. Hablamos de políticos y magistrados "aforados".

Este caso pone el foco en el exministro José Luis Ábalos, pero también en el magistrado instructor, quien aplica una doble vara de medir: dura y estricta para Ábalos, pero laxa e indulgente para su compañera, Isabel Aguado García-Luján. Esto deja claro a la ciudadanía que la justicia no es igual para todos. En España, la justicia se administra en nombre del Rey, a quien los jueces juran lealtad por encima incluso de su compromiso con la Constitución y las leyes. En su discurso de Navidad de 2011, el rey Juan Carlos afirmó: "La justicia es igual para todos". Sin embargo, esta declaración choca con la realidad. Joaquín Giménez, magistrado del Tribunal Supremo, lo expresó sin rodeos: "Quien diga que la justicia es igual para todos no sabe de qué habla". Resulta especialmente llamativo que esta evidencia sea reconocida por uno de los más privilegiados dentro de esta élite: los magistrados aforados al Tribunal Supremo, quienes, de facto, son los únicos ciudadanos que pueden incumplir leyes y resoluciones judiciales con pocas o ninguna consecuencia.

Un ejemplo claro es el auto 20382/25 del instructor del caso Aldama, Leopoldo Puente Segura. En lo que podría calificarse como una "flatulencia jurídica", deja patente al exministro que lo que a él se le niega, a su compañera se le concede. La causa especial número 003/0020255/2025, que Puente deja impune, trata nada menos que del récord europeo en el uso abusivo de la jurisdicción penal: 73 procedimientos penales con igualdad de partes y objeto. Esto convierte el ius puniendi, el arma más potente del Estado, en una herramienta contra un ciudadano que, aunque fue absuelto en 70 de esos procedimientos, no pudo soportar la presión del resto. Al conocer el auto, este hombre, sin antecedentes penales, se arrojó desde el tercer piso de su casa y fue ingresado en el Hospital Clínico San Carlos.

Dilaciones de hasta 92 años, procedimientos por delitos leves que se prolongaban cinco años cuando su prescripción es de uno, y un sinfín de errores acumulados condujeron a este hombre al peor desenlace posible. Pese a ser considerado finalmente inocente por la justicia en todos los casos, el daño ya estaba hecho. El caso Aldama no solo expone la existencia de privilegios, sino también las graves consecuencias de un sistema judicial que, lejos de proteger a los ciudadanos, puede llegar a destruirlos.