Argumentos del Gobierno para defenderse de las acusaciones de Israel de antisemitismo
Cita las reuniones con las comunidades judías, la concesión de la nacionalidad a los sefardíes y la aprobación en 2023 del Plan Nacional contra el Antisemitismo
Tras las nueve medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para presionar a Israel por sus acciones en Gaza, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, y la organización de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio lanzaron numerosas acusaciones al Gobierno de España, que llegaron a calificar de antisemita.
Ante la magnitud de las críticas recibidas y la sensibilidad del tema, el Ejecutivo lanzó rápidamente un argumentario para defenderse de las acusaciones y, al mismo tiempo, poner en valor las acciones que ha adoptado en los últimos años en favor de los ciudadanos judíos que residen en nuestro país o que mantienen algún vínculo histórico con España.
La respuesta del Gobierno se centra en subrayar hechos concretos y verificables que muestran, según su punto de vista, un compromiso continuado con la comunidad judía y con la lucha contra cualquier forma de antisemitismo.
- Reuniones con las comunidades judías
- Más de 70.000 sefardíes con nacionalidad española
- Lucha contra el antisemitismo
- Postura de España tras los ataques del 7 de octubre
Reuniones con las comunidades judías
Una de las actuaciones destacadas por el Gobierno son las reuniones periódicas con las comunidades judías.
Así lo subrayó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ante un grupo de periodistas que le preguntaron en los pasillos del Congreso si el Gobierno es antisemita.
Relató que “de forma regular” se producen encuentros con la Federación de Comunidades Judías de España, entidad que representa a una parte significativa de la colectividad judía en nuestro país.
Además, explicó que el diálogo no se limita al plano nacional, ya que también existen contactos con organizaciones internacionales de gran prestigio, como el American Jewish Committee.
Según Albares, el objetivo de estos encuentros es claro: “combatir el antisemitismo”.
Para el Gobierno, el contacto permanente con estas entidades representa una muestra de transparencia, cooperación y sensibilidad hacia una comunidad históricamente perseguida, que necesita protección frente a cualquier manifestación de intolerancia.
Más de 70.000 sefardíes con nacionalidad española
Otro de los argumentos utilizados por el Ejecutivo es la concesión de la nacionalidad española a descendientes de sefardíes.
Desde la aprobación de la ley en 2015, más de 72.000 sefardíes han adquirido la ciudadanía española, lo que supone, según Albares, que hoy “son conciudadanos nuestros”.
Esta medida fue considerada un acto de justicia histórica, al restituir simbólicamente los derechos de quienes fueron expulsados de España en 1492.
También recordó la creación, en 2006, del Centro Sefarad-Israel, una institución fruto de la colaboración entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, cuyo objetivo es fomentar el conocimiento mutuo entre España y el mundo judío.
Lucha contra el antisemitismo
El Gobierno destaca como argumento central la aprobación en enero de 2023 del primer Plan Nacional contra el Antisemitismo.
Este plan tiene como objetivo erradicar el odio, la discriminación y los prejuicios contra el pueblo judío, mediante acciones educativas, sociales y políticas.
Con esta estrategia, España se posiciona entre los países europeos que han asumido un compromiso firme y oficial contra el antisemitismo.
Además, el Ejecutivo adoptó la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que incluye tanto manifestaciones físicas como retóricas contra personas, bienes, instituciones o lugares de culto judíos.
Postura de España tras los ataques del 7 de octubre
Albares también recordó la posición oficial del Gobierno español tras los atentados del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás.
Desde el primer momento, España condenó “el horrible atentado terrorista” y pidió la “liberación incondicional de todos los rehenes”.
Con esta reacción, el Ejecutivo insiste en que mantiene una postura clara frente al terrorismo, y que su política exterior debe entenderse en el marco del derecho internacional y la defensa de la paz, no como antisemitismo.