El Gobierno descarta blindar el derecho al aborto en la Constitución
El Ministerio de Igualdad argumenta que no es necesario proteger la interrupción voluntaria del embarazo incluyéndola en la Carta Magna y aboga por desarrollar la reforma aprobada la pasada legislatura
Los planes del Gobierno no pasan por incluir el aborto en la Constitución. El Ministerio de Igualdad descarta, por el momento, acometer esta reforma porque no la considera urgente ni necesaria. El Ejecutivo ya abordó una serie de cambios en la ley del aborto aprobada por la Administración de José Luis Rodríguez Zapatero de 2010 y Ana Redondo, la ministra del ramo, apuesta por desarrollar más la nueva ley, según ha podido confirmar Confidencial Digital con fuentes del Ministerio.
Este lunes Francia se convirtió en el primer país en blindar constitucionalmente este derecho; una manera de protegerlo ante futuros Ejecutivos que traten de prohibir esta práctica. En España, el anterior Gobierno de coalición —conformado por el Partido Socialista y Unidas Podemos— amplió la norma de 2010 después de que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, decidiera no derogarla a pesar de prometerlo en campaña y de haber gozado de mayoría absoluta.
El partido minoritario del Gobierno, Sumar, sí se ha manifestado este miércoles a favor de incluir el derecho al aborto en la Constitución.
Un derecho ya garantizado
El Gobierno considera que el blindaje del aborto en la Constitución no es necesario, por ahora, y rechazan que esté en sus planes a corto o medio plazo. El aborto es legal en España desde la ley de supuestos aprobada por el Ejecutivo de Felipe González en 1985. La norma fue sustituida por la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo impulsada por Zapatero.
Aunque el Partido Popular recurrió la más reciente ante el Tribunal Constitucional, no la derogó al llegar al poder en 2011, aun teniendo el control del Hemiciclo. El actual líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, finalmente, hizo suya la ley aprobada durante el segundo mandato de Zapatero en enero del año pasado al calificarla de “correcta” y “bien construida”. Fue la primera vez que el PP aceptaba la ley de plazos. El Tribunal Constitucional resolvió el recurso de los populares diez años después, dando el visto bueno a la norma y reconociéndola como un derecho de las mujeres.
Tanto el apoyo político como jurídico restan preocupación a Igualdad a la hora de valorar si es necesario blindar aún más el aborto en España: tanto los tribunales como los partidos políticos aceptan la ley —con la única excepción de Vox—.
Un proceso difícil
Iniciar un proceso para incluir en la Carta Magna este derecho supone, además, distintas complicaciones. Aunque hay dudas jurídicas al respecto, una modificación así de la Constitución podría requerir una reforma agravada; es decir, el apoyo de dos tercios del Congreso (210 diputados) —por lo que serían necesarios los votos del PP—, además de un referéndum que consultase a la población sobre dicho cambio y la convocatoria de elecciones generales después. Pero aunque se tratara de una reforma agravada, seguirían necesitándose tres quintos de la Cámara Baja para poder seguir adelante en la tramitación de esta reforma.
Nuevas medidas el 8-M
Este viernes, 8 de marzo, Día de la Mujer, el Gobierno ha decidido convocar un Consejo de Ministros extraordinario para anunciar nuevas medidas que avancen en la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, desde el Ministerio descartan dar pistas sobre qué temas abordarán las medidas estrella que no se anunciarán hasta el 8-M.
Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planeó hace semanas que sea la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien presida la reunión del Ejecutivo para que sea una mujer quien capitanee al Gobierno en un día emblemático, como ha adelantado ECD.
División en el feminismo
Irene Montero, dirigente de Podemos, dirigió el Ministerio de Igualdad durante la pasada legislatura. Su gestión provocó convulsiones dentro del movimiento feminista tras la aprobación de la conocida como ‘ley trans’. La norma permite la autodeterminación de género a partir de los 16 años sin ningún consentimiento más allá de la mera voluntad del menor. Distintas asociaciones feministas clamaron contra la norma al considerarla una vulneración de los derechos de las mujeres. Desde que se dio a conocer el borrador de la misma, el movimiento se manifiesta dividido cada 8-M. Este año será el tercero que se organicen dos marchas, una a favor de abolir la prostitución y derogar la ‘ley trans’, y otra favorable a la norma y a regular la prostitución.
