Hacienda tira la toalla y tendrá que revelar qué acciones bursátiles posee Pedro Sánchez

El Ministerio de Hacienda ha decidido rendirse en la pugna que mantenía con un particular que quería saber qué acciones en empresas cotizadas posee Pedro Sánchez.

Este ciudadano registró en 2021 ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública una solicitud en la que, al amparo de la Ley de Transparencia, solicitó que se le facilitar el “desglose del patrimonio financiero del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pido la relación de empresas en las que el Presidente tiene acciones”.

El departamento que dirige María Jesús Montero le contestó que “el contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno, Secretarios de Estado y demás Altos Cargos se publicarán en el BOE, en los términos previstos reglamentariamente, publicándose una declaración comprensiva de la situación patrimonial de estos altos cargos”.

La respuesta no dejó satisfecha a quien había pedido esa información. Presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en la que denunció que “la información publicada en el BOE no es suficiente para satisfacer mi petición de información”.

Insistió en que pedía “saber en qué empresas tiene invertido su patrimonio financiero el señor Pedro Sánchez”, y para ello quería que la Secretaría de Presidencia del Gobierno informase sobre las acciones del presidente.

Explicó que el apartado de “acciones cotizadas” de la declaración patrimonial de Sánchez publicada en el BOE estaba vacío, “pero no la de acciones no participadas, lo cual podría ser erróneo ya que en su declaración en el Congreso de los Diputados dice que sus acciones sí son cotizadas”.

Así que preguntó si Sánchez “mantiene las acciones que tenía el jefe del Ejecutivo en Repsol y Red Eléctrica teniendo en cuenta que su gestión al frente del Consejo de Ministros podrían tener relación con sus evoluciones financieras de estas dos empresas. Cabe recordar que el precio de la luz y de los combustibles está en máximos”.

El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, en base a una sentencia del Tribunal Supremo de febrero en la que reconoció el derecho de acceso a la información relativa a la identificación de los altos cargos que no hubieran cumplido con las obligaciones previstas en la Ley 3/2015 y que hubieran sido incluidos en el informe que la Oficina de Conflictos de Intereses, “estableciendo una doctrina que es directamente trasladable al caso que nos ocupa”.

En una resolución de mayo (se puede consultar aquí) instó al Ministerio de Hacienda y Función Pública a que en el plazo máximo de 10 días hábiles remitiera al solicitante la “relación de empresas en las que el Presidente del Gobierno tiene acciones”.

Hacienda no se quedó conforme, y peleó para no tener que cumplir la resolución de Transparencia. Al menos esa fue su primera reacción.

El ministerio presentó un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Consejo de Transparencia. El recurso recayó en el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 1.

Pero el procedimiento judicial ha terminado por decisión del propio Ministerio de Hacienda.

Un decreto de ese juzgado, fechado el 12 de julio, informa de que el abogado del Estado que representaba al Ministerio de Hacienda presentó el 23 de junio un escrito “solicitando el desistimiento de las actuaciones”.

Es decir, Hacienda renunció a continuar con el recurso que había presentado ese mismo mes. El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 1 certificó el desistimiento del Ministerio de Hacienda y dio por terminado el procedimiento.

Cabe entender, por tanto, que Hacienda rectificó, echó para atrás el recurso ante los tribunales para no dar la información solicitada, y finalmente habrá remitido al solicitante los datos que pedía y que el Consejo de Transparencia confirmó que debía recibir: la “relación de empresas en las que el Presidente del Gobierno tiene acciones”.