Avalado el cese del celador del Gómez Ulla que denunció al general director
El TSJ de Madrid desestima el recurso contra su baja como personal eventual del hospital militar. Un juzgado togado investiga las acusaciones contra tres mandos por acoso laboral
- Acusó al general de acoso por ser homosexual
- Fue dado de baja en julio de 2021
- Pidió ser reconocido “indefinido no fijo”
- No alegó homofobia ni acoso en el recurso
- “No existe un derecho” a convertirse en fijo
- Cesado por “una causa legal” y prevista
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso que presentó un celador del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, situado en la capital de España, contra la resolución que le dio de baja como personal eventual de ese hospital militar.
Así lo ha podido confirmar Confidencial Digital, que también ha constatado que ese celador es el mismo que denunció al general director del hospital, a la teniente coronel jefa de personal y al teniente en la reserva jefe de seguridad del Gómez Ulla.
A los tres les acusó de cometer contra él “continuos actos de acoso, hostigamiento, coacciones y vejaciones”, debido “fundamentalmente, a su condición homosexual y a su delicado estado de salud”.
El Juzgado Togado Militar Central número 2 abrió diligencias y citó a declarar como investigados al general médico retirado Miguel Fernández Tapia-Ruano (que ya no es director del hospital), a una teniente coronel médico y a un teniente en la reserva.
Acusó al general de acoso por ser homosexual
La investigación penal sobre presunto acoso laboral se originó cuando el celador acudió a un centro de salud de Torrelodones (unos 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Madrid) el 6 de octubre de 2020, y una médico remitió al Juzgado Decano de Collado Villalba un parte de lesiones en el que hizo constar que este hombre presentaba una crisis de angustia y ansiedad ocasionada en el ámbito laboral, que, según refirió la persona atendida, se debió al cese brusco en su puesto de trabajo que le había sido comunicado ese mismo día por vía telefónica, en su día libre, tras más de ocho meses de trato vejatorio y sobrecarga laboral desproporcionada.
Un juzgado de Madrid incoó diligencias previas por un presunto delito de lesiones. El celador se personó como perjudicado, y el 24 de marzo de 2021 formuló denuncia “por los continuos actos de acoso, hostigamiento, coacciones y vejaciones que decía venir sufriendo desde hacía tiempo en el Hospital Gómez Ulla, donde trabajaba como personal laboral –debido, fundamentalmente, a su condición homosexual y a su delicado estado de salud– por parte de: el teniente en situación de reserva jefe de seguridad del hospital; la teniente coronel jefe de recursos humanos de dicho hospital; y el general del Cuerpo Militar de Sanidad que era director”.
Fue dado de baja en julio de 2021
Lo cierto es que la baja del celador en el hospital no se produjo en octubre de 2020, sino meses después, en julio de 2021.
El general Fernández Tapia-Ruano, como director del Gómez Ulla y por delegación de la subsecretaria de Defensa, firmó el 1 de julio de 2021 la resolución por la que dio de baja como personal estatutario eventual a este celador.
Fuentes del Hospital Central de la Defensa consultadas por ECD aseguran que la baja fue consecuencia de un proceso de estabilización de empleo en el centro.
Meses antes se lanzó una oferta de empleo público, para cubrir con personal ya fijo, no eventual, ciertos puestos de trabajo de la plantilla del Gómez Ulla.
Al proceso pudieron presentarse tanto los celadores eventuales, como personas que aún no trabajaban en el hospital. Las mismas fuentes aseguran que el celador protagonista de este caso se presentó a la oferta de empleo público, pero no consiguió plaza.
Pidió ser reconocido “indefinido no fijo”
El hospital nombró al nuevo personal, y dio de baja a los trabajadores eventuales que no habían obtenido plaza, como este celador.
El ya ex trabajador no quedó conforme, y presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del director, para tratar de revertir su baja.
Denunció “fraude de ley en el nombramiento de personal estatutario eventual y abuso de la temporalidad”.
Argumentó también que su cese no se ajustaba a derecho, debido a que su contratación respondió a una necesidad estructural que tenía duración indefinida en el tiempo.
Por eso reclamó al TSJ de Madrid que ordenara al Ministerio de Defensa reconocer a ese celador la condición de indefinido no fijo. Si no, de forma subsidiaria, pidió que le restituyeran como personal estatutario eventual, en la categoría de celador, y que le pagaran lo que le hubiera correspondido todo el tiempo transcurrido desde su cese.
Calculó esa suma en 7.059,35 euros desde julio de 2021, cuando fue cesado, y la fecha en que presentó el recurso.
No alegó homofobia ni acoso en el recurso
No se quedó ahí, sino que pidió también una indemnización por daños morales, como consecuencia de haber sufrido la “vulneración del derecho fundamental a la igualdad” y por la contratación en fraude de ley. Cifró esa indemnización en 25.000 euros.
Cabe señalar que al menos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que resolvió este recurso no cita en ningún momento que este ex celador del Hospital Central de la Defensa argumentara, al tratar de impugnar su cese, acoso laboral u homofobia por parte de sus superiores, que fue lo que argumentó para denunciarles por vía penal.
También hay que reseñar que este procedimiento confirma que el trabajador no fue despedido en octubre de 2020, cuando fue a un centro de salud de Torrelodones y una médico certificó que sufría una crisis de ansiedad.
Realmente fue dado de baja nueve meses después de ese episodio, y tras no haber obtenido plaza en una oferta de empleo público por la que su puesto de celador fue cubierto por personal fijo.
Las fuentes consultadas por Confidencial Digital aseguran que, tras una serie de quejas y denuncias internas, la jefa de personal del hospital decidió abrir una investigación a este celador.
Provisionalmente se decidió cambiarle de su puesto en el servicio de urgencias, al almacén sanitario, todo dentro del mismo Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.
Fue tras la conversación en la que un mando militar le comunicó por teléfono ese cambio de puesto, cuando el celador acudió al centro de salud y relató que sufría acoso y hostigamiento en el hospital, que le había producido la crisis de ansiedad que certificó la médico.
El expediente disciplinario sobre las denuncias internas acerca de su trabajo nunca se llegó a sustanciar, porque el celador pasó a estar de baja médica.
Finalmente, cuando no obtuvo plaza, fue dado de baja como personal eventual estatutario. Esa resolución de baja fue la que recurrió ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
“No existe un derecho” a convertirse en fijo
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió desestimar el recurso de este ex celador del hospital Gómez Ulla.
Recordó una serie de sentencias sobre casos similares sobre personal eventual de los servicios de salud, y citó extensamente una sentencia sobre el cese de celadores eventuales por parte del Ministerio de Defensa.
En esa última sentencia de 2023, el tribunal estableció que “la contratación como personal interino de las recurrentes no es fraudulenta, y no vulnera las previsiones del Acuerdo Marco y la Directiva, por una parte, ni los distintos preceptos de la Constitución y Código Civil también invocados, siendo acorde además con los pronunciamientos del TJUE [Tribunal de Justicia de la Unión Europa] y tribunales nacionales”.
Añadió que “no existe un derecho a que se convierta su relación interina en fija, ni mediante la adquisición de la condición de funcionarias o personal estatutario fijo, ni por el sólo reconocimiento de un estatuto jurídico idéntico al del personal fijo”.
Abundaron los jueces en ese argumento de que “si estamos ante nombramientos ajustados a la Ley aceptados voluntariamente por las actoras, no puede pretenderse que el mero transcurso del tiempo los convierta en abusivos, y menos aún que dicha situación pueda conllevar como sanción sus nombramientos como funcionarios de carrera, o como personal público fijo equiparable a los funcionarios de carrera, o finalmente que se les reconozca a este personal el derecho a permanecer en el puesto de trabajo que actualmente desempeña, como titular y propietario del mismo”.
Cesado por “una causa legal” y prevista
Tras resumir los puntos principales de esa otra sentencia de 2023 sobre otras celadoras del Gómez Ulla también cesadas, el TSJ de Madrid determina que la situación de este celador dado de baja en julio de 2021, y que por otro lado denunció al general director y a otros dos oficiales del hospital, “es prácticamente la misma”.
Esa identidad se debe a que “recurre con motivo de su cese instando el mantenimiento en el puesto, y porque se siguió el mismo procedimiento para el nombramiento y el cese, aplicando las indicadas previsiones del artículo 9 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
Todo ello lleva al tribunal a concluir que “el recurrente no tiene un derecho al puesto, o a continuar en él indefinidamente, y es cesado para la incorporación a ese puesto de personal estatutario interno, por el fin de la necesidad o causa para la que fue formalizado su nombramiento eventual”.
Por tanto, según los jueces, “se trata de una causa legal” de cese, “que además estaba prevista en su nombramiento”.
De ahí que desestimen el recurso del ex celador contra la resolución del director del Hospital Central de la Defensa.
La sentencia impone al recurrente el pago de las costas procesales, por un máximo de 1.000 euros más IVA.
