Pablo Iglesias e Irene Montero eligen colegio privado y abren una nueva polémica
Pablo Iglesias e Irene Montero reabren el debate sobre la coherencia política al escolarizar a sus hijos en un colegio privado. Una decisión que revive viejas polémicas y enfrenta discurso y realidad.
- Un colegio con sello propio
- El derecho constitucional y la crítica interna
- El recuerdo de Galapagar
- Una nueva etapa profesional
- La apuesta política de Podemos en educación
- El silencio de las formaciones políticas
- ¿Incoherencia o derecho personal?
En las afueras de Madrid, un centro educativo privado se ha convertido en el epicentro de una nueva polémica en torno a Pablo Iglesias e Irene Montero. La pareja, ex referentes de Podemos, ha escolarizado este curso a dos de sus tres hijos en un colegio con instalaciones modernas y una oferta académica y extracurricular difícil de igualar en la red pública. La decisión ha despertado un intenso debate sobre coherencia política, memoria reciente y la eterna discusión entre educación pública y privada en España.
Un colegio con sello propio
El centro no es un colegio elitista en el sentido clásico, sino una cooperativa laica de profesores que se define como ecoescuela. Allí se fomenta el compostaje, se celebran efemérides como el Día de la Mujer y se trabaja en proyectos de justicia social. Aun así, dispone de unas instalaciones poco habituales en el sistema público: tres pistas deportivas, gimnasio, auditorio, laboratorios, biblioteca y una sala equipada para robótica, diseño digital y programación en Python.
Las clases se organizan en grupos reducidos, con auxiliares de conversación en inglés, y la ratio se sitúa en 24 alumnos por aula. A ello se suma una oferta amplia de actividades extraescolares: talleres de cocina, pickleball, defensa personal, cómic manga, bellas artes para niños o viajes de esquí. Todo por una cuota mensual que ronda los 500 euros, sin incluir extras.
El derecho constitucional y la crítica interna
La elección de este centro entra de lleno en el derecho de cualquier familia española a escoger el colegio de sus hijos, recogido en el artículo 27 de la Constitución. Sin embargo, en el caso de Iglesias y Montero, esa decisión tiene un eco particular. El propio Iglesias llegó a describir la educación privada como “un mecanismo de segregación social” y “un atraco de los ricos a los pobres”. También llegó a afirmar que muchas familias con recursos recurren a estos centros porque no quieren que sus hijos convivan con niños de clase trabajadora, de origen inmigrante o gitanos.
Montero, por su parte, criticó en varias ocasiones que la privatización educativa implicaba una sobrecarga de cuidados para las mujeres y una pérdida del espacio público.
El recuerdo de Galapagar
Este no es el primer episodio en el que las decisiones privadas de la pareja chocan con su discurso político. En 2018, la compra de un chalé en Galapagar, con jardín y piscina, desató la mayor crisis interna de Podemos. Aquella polémica obligó a someter la decisión a una consulta entre las bases, que finalmente la refrendaron, aunque el desgaste político fue evidente.
La escolarización de sus hijos en un colegio privado recuerda inevitablemente a aquel episodio, reavivando las críticas sobre la distancia entre el discurso público y la vida personal de dos de los políticos más influyentes de la última década.
Una nueva etapa profesional
La coyuntura llega, además, en un momento en que ambos han tomado caminos alejados de la primera línea institucional. Montero es eurodiputada y secretaria política de Podemos, mientras Iglesias se dedica a la dirección de Canal Red y a su faceta como hostelero, después de recaudar 140.000 euros en una campaña de micromecenazgo para ampliar su taberna en Madrid.
La apuesta política de Podemos en educación
El contraste es mayor si se recuerda que Podemos ha defendido siempre la necesidad de una red única de centros públicos. En su programa electoral de 2019 proponía una nueva ley educativa para frenar los procesos de privatización y segregación. Durante la negociación de la Ley Celaá, la influencia del partido fue decisiva para que se prohibiera la financiación de colegios privados que segregan por sexos, a pesar de la resistencia inicial del PSOE. También se logró impedir que los ayuntamientos cedieran suelo público para construir centros concertados.
El silencio de las formaciones políticas
Consultados sobre este nuevo giro, ni Podemos ni Sumar han querido hacer comentarios, alegando motivos de seguridad o evitando pronunciarse. El silencio, no obstante, no ha frenado el debate en redes sociales y en la opinión pública, donde resurgen las acusaciones de incoherencia y elitismo.
¿Incoherencia o derecho personal?
El caso abre una cuestión de fondo: ¿hasta qué punto los líderes políticos deben ajustar su vida privada a los principios que defienden en público? Para algunos, se trata de un ejercicio de hipocresía incompatible con el discurso de igualdad que han abanderado. Para otros, Iglesias y Montero no hacen más que ejercer un derecho al que no deberían renunciar, aunque eso suponga reconocer contradicciones.
En última instancia, la elección del colegio de sus hijos vuelve a poner sobre la mesa un debate recurrente en la política española: el peso de la vida privada en la credibilidad pública y la tensión constante entre discurso y práctica. Una conversación que, a juzgar por los precedentes, seguirá acompañando a la pareja durante mucho tiempo.