Paradoja. El acuerdo del PSOE con Junts sobre inmigración solo permite ceder competencias del Estado
El Gobierno niega cesiones de ámbito nacional, pero el pacto con los independentistas apela al artículo 150.2 de la Constitución, que solo se refiere a temas estatales
- Ni el PSOE ni el Gobierno aclaran lo acordado
- La versión de Ferraz y Moncloa: contradictoria
- La versión de Junts: prohibida en la Constitución
Los detalles del acuerdo entre el Partido Socialista y Junts per Catalunya sobre inmigración continúan siendo una incógnita. Mientras Junts asegura que supone una transferencia total de las competencias, los socialistas afirman que solo se trata de un aumento de las facultades que ya tiene la Generalitat. Para argumentar que no habrá cesión de competencias, el Gobierno defiende que el pacto se ciñe al artículo 150.2 de la Constitución. Sin embargo, dicho enunciado se refiere exclusivamente a materias de ámbito estatal.
El Ejecutivo llegó a un acuerdo con Junts a última hora del pasado jueves para que se abstuviera en los tres decretos que se votaban ese día en el Congreso de los Diputados —convertido en el Senado por las obras de remodelación en la Cámara Baja—. Aunque el pacto no fue público, la formación independentista sí quiso proclamar que los socialistas habían accedido a transferir las competencias en inmigración a la región catalana. Pero los socialistas niegan que vayan a aumentar las competencias que ya tiene el Govern y que la ley orgánica que se impulsará en los próximos meses solo ampliarán aquellas que maneja la Generalitat —sobre integración y cuidado de las personas que llegan—.
Ni el PSOE ni el Gobierno aclaran lo acordado
Pero ni Ferraz ni Moncloa han hecho público el acuerdo escrito e incluso fuentes gubernamentales aseguran desconocer si hay un papel firmado con las pautas acordadas. Pero el Ejecutivo sí ha hecho referencia al artículo de la Carta Magna sobre la que se ha construido el pacto. Además, este lunes, cuatro días después de que Junts se abstuviera en el macropleno, el diario El País publicó las líneas redactadas en el texto que acordaron ambas formaciones: “Se acuerda una ley orgánica de delegación de competencias y recursos para que Catalunya pueda hacer una gestión integral de la inmigración conforme al artículo 150.2 de la Constitución”, reza el escrito.
La versión de Ferraz y Moncloa: contradictoria
Pero dicho articulado contradice de plano el argumento del Gobierno y de los líderes socialistas porque solo hace referencia a que el Estado ceda parte de su negociado a otras autonomías mediante la elaboración de una ley orgánica. De forma textual, asevera: "El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación".
Por lo que el pacto de PSOE y Junts solo puede referirse a un trasvase de facultades del Estado a una comunidad autónoma, no al aumento de competencias que ya tiene la Generalitat, como justifica el Ejecutivo. En consecuencia, implica una cesión de materias estatales en cuestión migratoria que los socialistas no han aclarado.
La versión de Junts: prohibida en la Constitución
El artículo también menciona aquellas cuestiones "susceptibles de transferencia", pero la Constitución establece en el segundo punto del artículo 149 que son competencia "exclusiva" del Estado cualquier materia sobre "nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo". De modo que el acuerdo anunciado por Junts para regular el flujo migratorio en Cataluña —así como poder expulsar a las personas inmigrantes que considere— choca directamente con este apartado. Los socialistas y el Ejecutivo se agarran a este punto para justificar su no cesión de competencias: "Es imposible porque la Constitución lo prohíbe".
La dirección del partido de Carles Puigdemont se acoge, por su parte, a la palabra "integral" recogida en el texto publicado por El País: "(...) una ley orgánica de delegación de competencias y recursos para que Catalunya pueda hacer una gestión integral de la inmigración". Según la fuerza independentista, dicho término solo puede hacer referencia a una transferencia total de las competencias en inmigración, a pesar de que lo prohíba la Constitución.
Este miércoles, el secretario de organización socialista, Santos Cerdán, se ha reunido con Jordi Turull, dirigente de Junts, para avanzar en dicho acuerdo y ha resaltado que los detalles quedarán especificados cuando se elabora la norma.
