Seguridad

Siete mil canarios se libran de golpe de las multas por saltarse el confinamiento

La Delegación del Gobierno en las islas revoca las sanciones tras la sentencia que declaró inconstitucional el primer decreto de estado de alarma de 2020

Control de la Guardia Civil en Las Palmas de Gran Canaria durante el estado de alarma de primavera de 2020 (Foto: Delegación del Gobierno en Canarias).
photo_camera Control de la Guardia Civil en Las Palmas de Gran Canaria durante el estado de alarma de primavera de 2020 (Foto: Delegación del Gobierno en Canarias).

El Tribunal Constitucional estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad que Vox interpuso contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

La sentencia declaró inconstitucionales y nulos varios puntos del decreto, al considerar el TC que las restricciones a ciertos derechos y libertades deberían haberse adoptado en el marco del estado de excepción, y no de alarma.

Al ser declarado inconstitucional el decreto, decaían las miles de multas impuestas a quienes se saltaron las restricciones establecidas en ese decreto.

En los últimos meses, algunas delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en comunidades autónomas y provincias han ido aprobando resoluciones para revocar muchas de esas multas. La mayoría de esas resoluciones dejaban sin efecto unas decenas de sanciones, varios centenares, en algunos casos.

7.064 multas

Muchas más sanciones ha anulado de una tacada el delegado del Gobierno en Canarias. Anselmo Pestana firmó el 17 de enero un “Anuncio de revocación y archivo de resoluciones de la Delegación del Gobierno en Canarias, con motivo de la Sentencia 148/2021, de 14 de julio, del Tribunal Constitucional, Pleno”, que afecta a miles de multas.

Concretamente, esta resolución declara sin efecto 7.064 sanciones impuestas por agentes las Fuerzas de Seguridad a personas que en las Islas Canarias se saltaron las restricciones contra la epidemia en la primavera de 2020.

La Delegación del Gobierno en el archipiélago inició los procedimientos sancionadores afectados por esta resolución, al advertir “incumplimiento de los apartados 1, 3 o 5 del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19”.

Las multas se impusieron “de conformidad con las instrucciones cursadas por el Ministro del Interior a las Delegaciones del Gobierno, en las que se consideraba que el incumplimiento de tales preceptos constituía desobediencia a las órdenes del Gobierno y su inobservancia subsumida dentro de la infracción grave del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana”.

El apartado 1 del artículo 7 del decreto inconstitucional restringió la libertad deambulatoria por las calles a una serie de actividades esenciales (ir al trabajo, a comprar alimentos, al médico, al banco...), y por eso se sancionó a miles de personas que no pudieron justificar su presencia en las calles durante el confinamiento obligatorio de toda la población en los domicilios.

 

Los apartados 3 y 5 limitaron la movilidad en vehículos, y también hubo multas a conductores por moverse sin justificación según el decreto.

Aún no se habían pagado

La Delegación del Gobierno en Canarias ha anulado estas más de 7.000 multas, si bien hay que tener en cuenta que en el propio documento admite que aunque “en las mencionadas resoluciones se imponían sanciones de multa”, no consta “que se haya procedido al pago de las mismas” casi dos años después.

En muchos casos, las propuestas de sanción ascendían a 600 euros por saltarse estas restricciones a la movilidad.

Al no haberse pagado esas multas, lo que ha acordado el delegado del Gobierno en Canarias es “la acumulación y la revocación de los procedimientos sancionadores que figuran relacionados en el Anexo de la presente resolución, anulando las resoluciones sancionadoras emitidas y dejando sin efecto la exigencia de pago de la multa”.

63.000 multas en Canarias

En abril de 2021, la misma Delegación del Gobierno en Canarias hizo balance de las denuncias levantadas en el estado de alarma de un año antes.

Informó de que en Canarias, los agentes policiales (de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Cuerpo General de la Policía Canaria y las policías locales) habían presentado 63.291 propuestas de sanción derivadas del incumplimiento de las medidas limitativas aprobadas durante el primer estado de alarma en toda Canarias.

De ese total, en abril de 2021 había tramitado 36.356 actas de denuncia, el 57,44% del total.

Gobierno y oposición difieren en su postura sobre la visita del emérito

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