Adamuz: la guerra de los funerales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su comparecencia el en Adamuz (Córdoba) tras el accidente (JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS)

El 11 de marzo de 2004, España sufrió el más grave atentado terrorista de su historia, perpetrado contra cuatro trenes de Cercanías, en los que murieron 192 personas y dos mil resultaron heridas.

En lugar de cerrar filas y afrontar unidos la enorme tragedia, aquel día, y los siguientes, los políticos se dedicaron a intentar aprovechar la masacre para destruir a sus rivales y ganar unas elecciones. Las ganó Zapatero.

Veinte años después, el 29 de octubre de 2024, se produjeron en Valencia las inundaciones de la Dana, que causaron 238 muertos y la destrucción de viviendas, edificios, caminos... Tampoco entonces hubo reacción de unidad. Los políticos volvieron a dar el penoso espectáculo de la utilización de la desgracia para beneficio partidista.

El 18 de enero pasado, el choque de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) causó 45 víctimas mortales y más de doscientos heridos. En un primer momento, pareció existir un cierre de filas, porque nadie trato de sacar beneficio propio a esa desgracia.

Poco duró el armisticio. La batalla política se ha adueñado otra vez del escenario, casi sin dar tiempo al luto. Tiene cierto, sentido porque, detrás de esa catástrofe, se esconde una gestión que, como es lógico, necesita ser depurada. Que se exijan, pues, responsabilidades y que, si alguien debe pagar precio, que así ocurra.

Lo que no tiene un pase es el intento de secuestrar a las víctimas a la hora de rendirles memoria.

El Gobierno anunció para el día 31 un acto cívico en Huelva, en el que el Estado en cuanto tal recordaría a los fallecidos, pero con un mensaje de exclusividad que le ha salido mal.

La incomprensible voluntad de impedir la celebración de funerales ha derivado en las negativas de las familias a comparecer en el acto de Huelva, y finalmente ha conducido a la suspensión.

Por lo visto, a los afectados les eran más que suficiente con los actos religiosos.

Es que, además de las eucaristías que se han ido celebrando en todos los rincones de España y de los funerales para despedir a los fallecidos en sus localidades, las ciudades de origen, parada o destino de los dos trenes siniestrados han acogido y acogen estos días misas presididas por sus correspondientes obispos.

El domingo se oficiaron en Córdoba y Málaga; en Sevilla ocurrirá el miércoles, y en Huelva el jueves.

Total, que adiós acto cívico.

El jueves, día 29, la catedral de La Almudena será escenario de un funeral que ha desatado las iras de la ministra, líder de Más Madrid, Mónica García, que ha estallado contra Ayuso, diciendo que es "una profunda falta de respeto con las instituciones y el sentir mayoritario".

Lo calificó de desafío a las instituciones que han organizado el homenaje de Estado en Huelva, y cree que la presidenta madrileña está ‘contraprogramando’ para buscar "protagonismo".

"Siempre acaba siendo la protagonista", criticó García, que opinó que la convocatoria de una misa funeral en La Almudena responde al intento de la presidenta regional por abrir una nueva "batalla política".

"Desde el Gobierno creemos que este es el momento de demostrar que eres un patriota y te pones del lado de las víctimas".

Pues resulta que las víctimas no estaban de ese lado.

¿Por qué se enfada tanto Mónica García? ¿A qué le tiene miedo, cuando se organiza un acto religioso? Porque, oficiar un funeral no parece que sea ir contra las víctimas.

"Una misa es simplemente un sentido homenaje que reconforta y une en el luto y el duelo", respondió Ayuso a los reproches de Más Madrid.

En la guerra de los funerales, el Gobierno ha perdido una batalla que no debíó dar. ¡Quién le manda!

editor@elconfidencialdigital.es

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