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José Apezarena Editor de Confidencial Digital

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Nacionalismos y la maldición bíblica de las lenguas

Gabriel Rufián en la sala de prensa del Congreso de los Diputados
photo_camera Gabriel Rufián en la sala de prensa del Congreso de los Diputados

Explican los exégetas que, cuando los hombres se propusieron construir una torre que llegara hasta el cielo, Dios, para castigar su soberbia, les confundió las lenguas, lo que hizo imposible que terminaran la famosa Torre de Babel. Y desde entonces los humanos padecen multitud de lenguas.

Frente a quienes han llegado a proponer la creación de un lenguaje universal válido en todas partes, como por ejemplo ocurrió con la invención del esperanto, no faltan quienes tienen como propósito consolidar, y hasta aumentar, la dispersión lingüística. Incluso instaurarla allá donde no exista.

Viene quizá a cuento este preámbulo para referirme a la iniciativa de los socios del actual Gobierno (¡no tiene pequeña penitencia Pedro Sánchez con sus socios!) y de alguno más, que ayer defendieron en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para acabar con la “imposición legal del castellano en España. La iniciativa fue de Unidas Podemos, Bildu, ERC, Junts, PDeCAT y la CUP, y después se sumó Compromís.

Reclamaban extender el uso de las lenguas cooficiales reconocidas, garantizando su uso en el Congreso, los tribunales de justicia y RTVE, permitiendo que figuren en el etiquetado de productos, y reconociendo nuevas lenguas, como el asturiano. Y lo fundamentaban en que “un Estado debe ser excluyente con todas las discriminaciones, sea cual sea su razón, también la lingüística”.

Previamente al debate, y para ayudar a su desarrollo, FAES citó en su revista, como precedente histórico que sintonizaría, en principio, con los partidos citados, el caso del debate constituyente republicano de 1931. Y se refirió a una figura respetada por la mayoría de ellos: Miguel de Unamuno.

Recordaba, a ese respecto, que Unamuno fue invocado tres veces por Pedro Sánchez en el debate de investidura de julio de 2019. Y que Gabriel Rufián parafraseó entonces su “venceréis pero no convenceréis” para pedir “moderación” a “las derechas” porque “no estamos en el 36”, y sostuvo que don Miguel, “conservador, pero justo”, le habría dado la razón.

Pablo Iglesias, por su parte, durante la visita del Papa Francisco al Parlamento Europeo en Estrasburgo, quiso obsequiarle regalándole un ejemplar de San Manuel Bueno, Mártir. Puigdemont tuiteó el 7 de octubre de 2019: “Molt interessant. Unamuno en La Sexta Noche”. Incluso Santi Vila quiso titular “Vencer y convencer” el libro sobre sus experiencias en el banquillo de los acusados.

El relato de la revista explica que la Constitución de 1931 dice, en el artículo 4:

“El castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones.

Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional”.

Refiere la revista que, el 18 de septiembre de 1931, el diputado Unamuno intervino en el Congreso diciendo que el texto del proyecto de Constitución hecho por la Comisión establecía: “El castellano es el idioma oficial de la República, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconocen a las diferentes provincias o regiones”.

No me di cuenta -comentó- de qué perjuicio podía haber en que fuera el castellano el idioma oficial de la República, e hice un proyecto de enmienda que decía: “El castellano es el idioma oficial de la República. Todo ciudadano español tendrá el derecho y el deber de conocerlo, sin que se le pueda imponer ni prohibir el uso de ningún otro”

Aunque finalmente la enmienda quedó así “El español es el idioma oficial de la República. Todo ciudadano español tiene el deber de saberlo y el derecho de hablarlo. En cada región se podrá declarar cooficial la Lengua de la mayoría de sus habitantes. A nadie se podrá imponer, sin embargo, el uso de ninguna Lengua regional”.

Eso quiere decir -explicó- “que ninguna región podrá imponer, no a los de otras regiones, sino a los mismos de ella, el uso de aquella misma Lengua. Mejor dicho, que si se encuentra un paisano mío, un gallego o un catalán que no quiera que se le imponga el uso de su propia Lengua, tiene derecho a que no se le imponga”.

Según relato de Nicolás Pérez Serrano, “la presión de los elementos anti castellanistas hizo que la Comisión y la Cámara cedieran, quedando concebido el texto constitucional en la forma poco satisfactoria y nada explícita que arriba consta. En resumen, podrá exigirse el conocimiento y el uso de una lengua regional (no provincial) cuando una Ley especial lo ordene así; pero esas Leyes especiales no deberán olvidar que en puridad no hay en toda España sino un idioma oficial: el español. Sería injusto, sin embargo, desconocer que los funcionarios públicos de una región donde se hable usualmente otra lengua, deberán hallarse en situación de entenderla y emplearla. Este fue el motivo, razonable, que los representantes catalanes adujeron: no sería lícito que se desvirtuara torpemente su sentido”.

Cuatro días después, el 22 de octubre, Unamuno pidió la palabra, para proponer la siguiente enmienda (que, entre otros, firmaba también Miguel Maura) al dictamen de la Comisión de Constitución, en el art. 48:

“Art. 48. Es obligatorio el estudio de la Lengua castellana, que deberá emplearse como instrumento de enseñanza en todos los Centros de España.

Las regiones autónomas podrán, sin embargo, organizar enseñanzas en sus Lenguas respectivas. Pero en este caso el Estado mantendrá también en dichas regiones las Instituciones de enseñanza de todos los grados en el idioma oficial de la República”.

Unamuno siguió diciendo: “Y ahora, Sres. Diputados, debo confesar que me levanto en muy especial estado de ánimo, no muy placentero ciertamente. Apenas convaleciente de un cierto arrechucho, vengo con el ánimo profundamente entristecido y contristado y no sé si podré poner la debida sordina a mis palabras y contenerme en los límites debidos, porque no tengo costumbre ninguna de ese forcejeo de partidos políticos ni de cambalaches ni de transacciones. (…)

“La lengua, en muchos casos (…), en mi tierra nativa se toma como un instrumento de nacionalismo regional y de algo peor y es allí, además, una lengua que no existe, que se está inventando ahora (…). Yo he visto cosas, como decir que para poder aspirar a ser secretario de un Ayuntamiento era menester conocer el vascuence en un pueblo donde el vascuence no se habla (…).

“Aquí se hablaba el otro día de minorías étnicas. ¿Qué es eso de minorías étnicas? ¿Dónde están las minorías étnicas? ¿Minorías en qué sentido? ¿Contada toda España o contada una sola región? Yo me acuerdo que, hace años, un alcalde de Barcelona se dirigió al entonces rey D. Alfonso XIII, en nombre, decía, de los naturales de Barcelona. Yo me creí obligado a protestar. Un alcalde de Barcelona no puede dirigirse en nombre de los naturales, sino de los vecinos, sean naturales o no; ni se puede establecer una diferencia entre vecinos y naturales. No hay, ni puede haber, dos ciudadanías. (…) Pero dejando estas consideraciones, porque si me dejase llevar de ellas llegaría a cosas muy amargas, vengo al texto concreto. «Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, que deberá emplearse como instrumento de enseñanza en todos los Centros docentes de España». Yo hubiera preferido que se dijera: «es obligatorio enseñar en castellano. Las regiones autónomas podrán, sin embargo, organizar enseñanzas en sus lenguas respectivas (naturalmente, los comunistas podrán organizarlas en esperanto o en ruso); pero en este caso, el Estado mantendrá también en dichas regiones las instituciones de enseñanza de todos los grados en el idioma oficial de la nación». En este caso, y en cualquier caso, «mantendrá». La cosa está bien clara; no tiene más que seguir manteniendo”.

Hasta aquí el relato histórico de FAES. Que me parece que no han llegado a leer los promotores de la iniciativa para acabar con la “imposición legal del castellano”.

Y, hablando de evitar discriminaciones por motivos lingüísticos, seguramente no han tenido en cuenta la que se aplica en Baleares con la imposición del catalán, las discriminaciones en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, en el País Vasco… a quienes su opción es el castellano. Casualmente, la lengua del Estado. Por ahora.

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