Queridos piquetes de huelguistas
En abril de 2021, el Gobierno aprobó la despenalización de los piquetes. Eliminó la pena de cárcel a quien coaccionara a otro para hacer huelga, al derogar el apartado 3 del artículo 315 del Código Penal.
Esa ley orgánica, propuesta por el PSOE dentro del acuerdo de coalición con Podemos, fue aprobada por 139 votos a favor y 106 en contra.
La publicación en el BOE fue motivo de una agria polémica, porque el Gobierno aprovechó para desarrollar en el preámbulo un ataque frontal al anterior Ejecutivo, diciendo que, desde que el Partido Popular llegó al poder, en diciembre de 2011, “se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno”.
Además de aprobar la reforma laboral -decía-, utilizó la Ley de la Seguridad Ciudadana, y el artículo 315.3 del Código Penal, “para desplegar un entramado de leyes que asfixian la capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales, hacia las políticas del Gobierno”.
Aplicó la forma agravada de coacciones prevista en el artículo 315, apartado 3, del Código Penal, y con ello “se ha tratado de disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y, en consecuencia, su libertad sindical”.
En aquel momento, la reforma se interpretó como una especie de ‘bendición’ de los piquetes, auspiciada, por supuesto, desde las organizaciones sindicales.
Hoy el Gobierno de Pedro Sánchez parece estar experimentando su propia medicina. Ahora se están produciendo “protestas o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales, hacia las políticas del Gobierno”. Y han aparecido los piquetes con toda virulencia.
Los paros en el sector del transporte por carretera están castigando con dureza a la industria de la leche, que tiene que tirar la producción diaria porque no hay forma de que llegue al punto de destino. Otro tanto ocurre con la pesca, atascada en los puertos por falta de camiones para el envío a los mercados. Y así con otros productos básicos.
La actividad de los piquetes ha resultado especialmente efectiva, deteniendo camiones y furgonetas, y en algunos casos provocando daños en las ruedas de los vehículos para que no puedan circular.
Interior ha dado instrucciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para desplegarse por todos los puntos de la red vial donde se producen incidentes, e identificar a los 'piqueteros' que los provocan.
Se ha creado un centro de coordinación, en cuyas reuniones, tres por día, participan mandos policiales de todos los cuerpos, incluyendo a policías autonómicas. Una de ellas fue presidida por Grande Marlaska. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aseguró que el Gobierno actuará "con contundencia".
El problema está, una vez más, en los piquetes.
El denominado delito de piquete de huelguistas se introdujo en el Código Penal de 1928, en la dictadura de Primo de Rivera, y fue rescatado en el Código Penal de 1995, con Felipe González como presidente del Gobierno.
Hay que recordar que en España no existe una ley orgánica que desarrolle el derecho de huelga. Sigue vigente el Real Decreto-Ley 17/1977, anterior a la Carta Magna. Lo cual genera, entre otras cosas, inseguridad jurídica.
Ningún Gobierno, ni de derechas ni de izquierdas, se ha atrevido a legislar sobre el derecho de huelga, ni, por tanto, sobre la actividad de los piquetes, tan queridos por algunos sindicatos. Y así nos ha ido y nos va.
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