Por la boca… Legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio
Ahora que tantas y tantas horas de radio y televisión se consumen en el asunto de Cataluña, en las que numerosos ‘opinantes’ juristas y expertos en derecho, y no tan juristas y no tan expertos en derecho hablan y hablan, repiten y repiten y se decantan por uno u otro ‘bando’, no deja de llamar la atención que en ningún momento se aluda, al hablar del gobierno de Puigdemont, a la clásica distinción entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio.
Los independentistas, con Puigdemont al frente, se llenan la boca, tras la puesta en marcha del 155, afirmando constantemente que ellos son el gobierno legítimo de Cataluña, los consejeros legítimos de la Generalidad, los parlamentarios legítimos y hasta los alcaldes legítimos. Intentan con esa mención constante de la legitimidad, deslegitimar -valga la redundancia- las funciones que el gobierno de Mariano Rajoy ha asumido en esa autonomía.
Es evidente que, con la Constitución en la mano, desde el momento que se ha aplicado el artículo 155 de la Constitución y se ha destituido al gobierno de la Generalidad y disuelto el Parlamento de Cataluña, la única autoridad es precisamente la que por mandato del gobierno y con la autorización del Senado, ha asumido poderes y funciones que antes correspondían al gobierno autonómico.
Los cesados y los ‘disueltos’, basan toda su legitimidad en el ‘mandato del pueblo’ a través de las urnas. Aun dejando a un lado el término y el concepto de ‘pueblo’ -tan manido y tan manoseado, siempre con poco fundamento- alguien debería de recordar que un gobernante que ha ganado en las urnas y que ostenta la legitimidad de origen, puede perder esa legitimidad porque, en el ejercicio de su mandato, se ha puesto fuera de la ley.
En pocos casos será más evidente, la pérdida de la legitimidad de origen, que en el de un gobierno, un presidente, un vicepresidente y unos consejeros que, en el ejercicio de sus funciones, han transgredido de forma repetida y contumaz las leyes vigentes; ni el de un parlamento, con su presidenta a la cabeza, que ha violentado reiteradamente el propio reglamento de la cámara para adaptarlo a sus intereses.
Podrán Puigdemont y sus seguidores hacer alegaciones, interponer recursos, alargar procesos o buscar apoyos más o menos legítimos, pero es muy dudoso que puedan exhibir una legitimidad que, si la tuvieron en origen, está claro que la han perdido en ejercicio.
