Por la boca… Tiempos de responder preguntas y de responder de los actos cometidos

¿Hay delito? ¿Se sabe quiénes lo han cometido? ¿Se pueden probar esos delitos? Entonces los jueces juzgan, los tribunales pronuncian las sentencias que correspondan y los delincuentes cumplen las condenas. El resto son fuegos de artificio.

Responder a las preguntas que uno mismo se hace o a las que hacen los demás y responder de los actos cometidos, son dos de las características fundamentales de cualquier ser humano.

Según la RAE, responder es contestar algo para resolver lo que se pregunta o para atender una comunicación. También -dicho de una persona- es estar obligado u obligarse a la pena y resarcimiento correspondientes al daño causado o a la culpa cometida.

Para los políticos las dos acepciones son igualmente válidas y deberían ser tenidas muy en cuenta. Por un lado se les debe  exigir que, en cualquier circunstancia y sobre cualquier asunto que sea de interés público, respondan a quienes les interpelan como simples ciudadanos o a quienes lo hacen, con la máxima libertad, en el ejercicio de su profesión de comunicadores con el objetivo de informar a la sociedad y de configurar la opinión pública.

Lo que se ha dado en llamar clase política -y muy concretamente ministros del Gobierno encabezados por Sánchez y responsables del Partido Socialista, en una situación altamente comprometida de la que cada día se conocen nuevos y sorprendentes detalles sórdidos y zafios, no responde a nada, se hacen declaraciones vacías de contenido que eluden respuestas concretas y, a la hora de responder de presuntos delitos cometidos por unos u otros, tampoco se asumen obligaciones o responsabilidades. 

Mientras, unos y otros se aferran a tópicos como los de dejar trabajar a los tribunales, permitir que las fuerzas policiales indaguen en personas y empresas y se refugian en lugares comunes como la denominada responsabilidad política y desvían la atención del verdadero eje de tan comprometida situación 

¿Hay delito? ¿Se sabe quiénes lo han cometido? ¿Se pueden probar esos delitos? Entonces los jueces juzgan, los tribunales pronuncian las sentencias que correspondan y los delincuentes cumplen las condenas. 

El resto son fuegos de artificio.

Es como si un carterista, en el metro, es pillado in franganti y, antes de probar el delito, antes de llevarle ante la justicia, antes de la sentencia y antes del cumplimiento de las penas impuestas, se empieza a especular sobre la seguridad en el transporte colectivo, en torno a la presencia de agentes de seguridad públicos o privados, el aglomeración de viajeros que propicia la impunidad del carterista, la velocidad de los convoyes o los anuncios en las paredes de las estaciones que pueden distraer al propietario de la cartera, además del calor reinante en los vagones o la luz más o menos escasa de las escaleras de acceso a los andenes…

Como en las política española priman los votos, las campañas, las encuestas y las elecciones, todo se vuelve en hacer acusaciones, filtrar informes, hacer averiguaciones sobre conductas, destapar escándalos y dosificar las informaciones que circulan para que la trama pueda estirarse lo más posible y manejar los plazos que interesen a cada político o a cada formación.

Sería deseable una investigación ágil, unas conclusiones rápidas una diligente puesta a disposición de los jueces de los culpables (si es que los hay) una sentencia dictada sin demoras absurdas y sin trucos procesales y un inmediato cumplimiento de las penas.

Pero es evidente que se prefiere el aprovechamiento electoral y escapar de responsabilidades que tengan consecuencias en las urnas, que el esclarecimiento de lo ocurrido.

Lo demás es marear una perdiz que más o menos todos conocen y se malician pero que no acaba de ser abatida, porque a todos conviene que la perdiz siga en candelero y que la persecución dure lo más posible.

La carcajada: Dice Díaz en U.S.A: “Los algoritmos en las empresas son uno de los mayores desafíos del presenta para la contratación o evaluación. Cuentan con rasgos machistas, racistas o LGTBIfóbicos.

Avanzamos hacia un marco regulativo global que garantice que los algoritmos no discriminen”.