La calle no es de nadie. Ni siquiera de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, a 17 de septiembre de 2025. (Foto: Ananda Manjón / Europa Press)

Cualquier postulado democrático se derrumba cuando desde el poder se alienta, en virtud de no se sabe qué derechos o qué ideología -aunque sí se sabe al servicio de qué intereses- la subversión, el enfrentamiento con las fuerzas policiales, y cuando, usando la violencia, se priva a los ciudadanos de sus derechos más elementales.

La calle ha sido habitualmente una especie de termómetro para tomar la temperatura de la vida política y de la aceptación de las diversas opciones y, lógicamente, siempre ha habido formaciones y políticos que, más o menos solapadamente, han hecho alarde de eso que se resume en la frase tan denostada: “la calle es mía”.

Pero la calle no es de nadie por la sencilla razón de que es de todos y cada uno de los ciudadanos, que tienen el derecho de usarla libremente, para hacer en ella lo que les venga en gana, siempre que respeten las libertades de los demás y no transgredan las leyes que rigen la más elemental convivencia.

Y para esos ciudadanos, la calle es su hábitat natural para circular, pasear y comunicarse, para su ocio y esparcimiento y, por supuesto, para expresar sus ideas de manera individual o colectiva, en forma de adhesiones o de protestas y así, manifestarse políticamente.

No todos lo entienden de esa manera y siempre hay grupos, que sirven intereses, seguidores de supuestos lideres que solamente son agitadores, delincuentes profesionales que aprovechan las algaradas para conseguir su fines y esos grupúsculos que se han dado en llamar antisistema y que son otra especie de delincuentes callejeros que, como mínimo, además de conculcar la ley, hurtan al resto de los ciudadanos sus derechos en relación a los espacios públicos que son de todos por su propia naturaleza.

Es entonces cuando la legítima libertad de los ciudadanos se ve coartada y cercenada de raíz, por la actuación de individuos que, con independencia de su importancia cuantitativo, y desde el momento que se saltan las leyes, no representan nada, ni a nadie por mucha pancarta que exhiban y por muy alto que griten sus consignas.

En esas circunstancias es cuando la calle debe de ser de las fuerzas del orden que, en cumplimiento de su deber, han de devolver a los ciudadanos -con los medios que la ley y, en el ejercicio de las funciones que la misma ley les asigna y pone a su alcance- los derechos que les han sido arrebatados. 

Pero cualquier postulado democrático se derrumba cuando desde el poder se alienta, en virtud de no se sabe qué derechos o qué ideología -aunque sí se sabe al servicio de qué intereses- la subversión, el enfrentamiento con las fuerzas policiales, y cuando, usando la violencia, se priva a los ciudadanos de sus derechos más elementales. Y si además, se cercena la acción de los encargados del orden, con disposiciones equívocas y directrices que responden a intereses políticos, el caos callejero está servido.

Nada justifica que un hombre público aliente ciertos comportamientos violentos y, posteriormente, intente justificarlos en base a actuaciones de orden internacional o en el rechazo a situaciones inadmisibles bajo cualquier aspecto y llevadas a cabo por parte de potencias extranjeras, que merecen la más firme condena, pero sin olvidar que desde ciertas instancias del poder, esa condena ha de ajustarse a la ley y nunca puede fomentar la ilegalidad y siempre ha de buscar la defensa de la libertad de todos. También en la calle.

Es difícil no pensar ante esas actuaciones -perpetradas desde despachos muy cualificados- en la concurrencia de intereses personales. Y más difícil aún, no elucubrar en torno a lo que puedan llegar a ser esas incitaciones a la violencia callejera cuando, en un momento concreto, ciertas formaciones, y ciertos sujetos, lleguen a perder el poder que ahora disfrutan.

La carcajada… Dice Sánchez en el Congreso: “Este Gobierno garantiza la estabilidad no porque tenga una mayoría parlamentaria, sino porque gobierna para la mayoría”.

Dejando aparte la memez del memo (valga la redundancia) que haya parido el juego de palabras, queda diáfanamente claro, una vez más que a Sánchez el Poder Legislativo, es decir la democracia en su sentido más puro, le sale por una friolera.

O sea que era verdad aquello de que gobernaría sin el Legislativo.