Burocracia abusiva
La burocracia nos engulle. La tramitación administrativa sigue siendo en muchos casos un laberinto, un enjambre, una carrera de obstáculos para el sufrido ciudadano, que sufre el terreno pantanoso de los trámites y del papeleo, con una dosis nada despreciable de inversión de tiempo, dinero y energía mental.
Es cierto que algo ha mejorado la burocracia con la implantación de internet, la opción de "cita previa" para algunos servicios, e incluso para su resolución. Sin embargo, llama la atención en algunas ciudades que todavía no pueda pedirse cita previa para documentos de Extranjería, por poner un ejemplo, y el sufrido ciudadano tenga que ir a recoger un número en la cola con la advertencia de que sólo se atiende hasta las 12 y, por tanto, no es seguro que sea atendido. Puede tratarse de un español o de un extranjero quien desea un documento, y en cualquier caso resulta tercermundista.
Lo grave de la burocracia excesiva es que sólo parece tener una explicación: mantener ciertos puestos de trabajo, reclamando papeles innecesarios, exigir un sinfín de legalizaciones, y mantener una fuente de ingresos para las arcas públicas. No basta invocar inercias o comodidad. Hay quien parece olvidar que somos los ciudadanos quienes pagamos todo ese entramado burocrático, y ya ha pasado el tiempo de soportar abusos y callar. Es uno de los problemas estructurales de España, que hay que cambiar: pero que cada uno exija lo que le incumbe, incluso pidiendo indemnización económica.
Todos conocemos funcionarios y empleados públicos ejemplares, pero todos también vemos el pánico ciudadano ante el papeleo, porque falla el eje de unos servicios públicos que deberían "servir" mejor a los ciudadanos – horarios de "servicio" real, y no de coste laboral y económico para quien necesita hacer un trámite; evitar colas indignantes; obtener documentos vía intranet entre diversas administraciones sin marear al ciudadano; evitar documentos irrelevantes-, y a veces alargan o impiden derechos ciudadanos, como recibir una pensión. A una cita previa se sucede una presentación de documentos, que luego es insuficiente por falta de información al ciudadano; otra cita previa; si interviene otro Estado, puede ser esperpéntico: cada Estado pidiendo documentos como una churrería, dilatando innecesariamente la resolución, y el indefenso ciudadano que hasta puede desistir de sus derechos ante semejantes abusos.
