Nueve semanas después
Hoy se cumplen nueve semanas desde que una parte de la ciudadanía –al menos la minoría que prestaba mayor atención a las informaciones procedentes de fuentes fidedignas- comenzó a sospechar que el COVID-19 podría ser en nuestro país “algo más que una gripe, con escasa posibilidad de tener una incidencia relevante”, según expresiones no literales de algunos de los presuntos expertos, entre los que no faltaban quienes ostentan responsabilidades públicas en la Administración del Estado.
Comprendo que es fácil “pontificar a toro pasado”, y también que el Gobierno del Estado y quienes están al frente de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos tienen muchos frentes de actuación y se les debe conceder el “beneficio de la duda”. Pero también es cierto que a ellos se ha confiado la gobernanza de la “cosa pública”.
Al analizar los, a mi entender, errores más relevantes cometidos en estas nueve semanas, voy a centrarme en el Gobierno del Estado y en su Presidente, y ello por dos razones: la primera, que les corresponde la tarea –no sencilla- de ejercer sus propias competencias y -en una situación de emergencia- coordinar y orientar a los responsables de las demás Administraciones públicas; la segunda, que, si algo ha caracterizado su actuación desde que, hace más de siete semanas, se declaró el estado de alerta, ha sido la falta de diálogo en la práctica –muchas de las conferencias de presidentes autonómicos y las comparecencias públicas abiertas a preguntas de los medios de comunicación tienen, a mi juicio, bastante de “postureo”-, la decisión patente de reducir al mínimo el control de las dos Cámaras, la decisión, más explícita que implícita, de tergiversar con datos al menos ambiguos la opinión pública, la descalificación de quienes no coinciden con sus decisiones, etc.
Es en este contexto en el que me dispongo a señalar los que considero mayores y más perniciosos errores cometidos por el gobierno del señor Sánchez.
Primero: demora en adoptar medidas de prevención. Con las noticias provenientes del Norte de Italia, país con el que existe un intercambio intenso (viajes, pirámide poblacional, hábitos culturales y festivos, temperaturas en invierno, etc.), considero una grave imprudencia que las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno –que, como su propio nombre indica, dependen del gobierno estatal y de ninguna otra Administración- autorizasen el sinnúmero de manifestaciones actos políticos y espectáculos culturales y deportivos durante el primer fin de semanas completo de marzo.
Segundo: Anuncio de la declaración del “estado de alerta”. El Presidente del Gobierno anunció su intención el viernes 13, a mediodía. El Consejo de Ministros que ordenó la declaración terminó a última hora de la tarde del sábado 14 de marzo: 30 horas de demora. Se trata de una imprudencia de tal calibre que únicamente se me ocurre compararla con la de un Ministro de Finanzas que anunciase una devaluación de la moneda 30 horas antes de decretarla. Se puede estimar en decenas de miles de familias las que, a lo largo de ese periodo, se trasladaron a su segunda residencia, fuera de su Comunidad Autónoma, incrementando exponencialmente el riesgo de contagio.
Tercero: imponer la centralización de las compras de material sanitario de todo tipo en el Ministerio de Sanidad, que, como es notorio, había completado las transferencias sanitarias a todas las Comunidades Autónomas nada menos que 18 años antes. Como era fácilmente previsible, salvo quizás, como es el caso, para un gobierno con “manifiestos tics autoritarios, si no totalitarios”, la insuficiencia de medios personales, técnicos y de “expertisse” supuso un retraso, desconcierto y malestar notables y perniciosos. Al menos de este caso, se “echó marcha atrás” unos días después, pero el daño estaba hecho.
Cuarto: el incomprensible retraso en ejecutar la “encuesta de test serológicos” a una muestra significativa de 36.000 familias con residencia habitual en España. Una Alta Funcionaria del Gobierno anunció esta decisión en los primeros días de abril. Transcurridas casi cuatro semanas, parece que hoy día 28 de abril, dará comienzo dicho estudio, con un horizonte de ocho semanas hasta disponer de conclusiones definitivas (20 de junio). O bien el anuncio fue precipitado, o bien el gobierno ignora los medios de que dispone. Cuesta pensar que, con organismos con medios y prestigio como el INE y el Instituto de Salud Pública Carlos III, sea posible tanta demora. Y ello sin dejar de mencionar las continuas rectificaciones sobre quién llevaría a cabo la muestra: primero, “no se sabe”, después, ”el ejército”, más tarde “las Comunidades Autónomas”. No es fácil hacerlo peor,
Quinto: la coordinación de la información sobre el número de infectados, hospitalizados, UCI, etc. Desde finales de marzo hasta mediados de abril, el ministerio de Sanidad ha publicado tres Órdenes Ministeriales o Resoluciones para que las CC. AA. unificasen los criterios para verter esta información. Y, a 28 de abril, seguimos en la más absoluta “ceremonia de la confusión”.
Sexto: la inefable propuesta de que el BCE emita “deuda perpetua”. Es un “botón de muestra”, entre las innumerables idas y vendas, rectificaciones en Decretos y Órdenes ministeriales, de la inextricable burocracia propia de una república bananera, el tono “estatalista” enemigo del “sector privado”, que han caracterizado la gestión económica de la crisis. Cualquier alumno aventajado –y desde luego la ministra Calviño- conocen perfectamente que esa propuesta es inviable, en virtud de los Tratados de la Comunidad Europea. Se trata a mi juicio, junto a un “populismo de baja estofa”, de un ingenuo intento, que acabará por pasar factura, de querer encabezar el grupo de quienes –con cierto fundamento- achacan a algunos gobiernos una falta de solidaridad con sus “socios del sur”. Pero, además de no ser posible, el gobierno del señor Sánchez no se presenta ante sus colegas del Consejo Europeo con los deberes hechos: un déficit del 2,8 % sobre el PIB, frente al 2% de su propia y continuamente revisada al alza previsión, que, para mayor “bochorno”, es corregida al alza -del 2,65 al 2,8%- por la propia Comisión Europea. Sin comentarios.
Manuel Olábarri Gortázar
Doctor en Derecho y MBA
