Cuando la conversión ecológica topa con la coactividad del derecho

Xavier Gorcé hace decir a uno de sus personajes en una reciente viñeta publicada en Le Point: “Pouvez-vous prouver que se shampooing n’a aucune nocivité pour les coraux dans les 250 ans à venir? Parce que, dans le doute...” Es una caricatura. Imagino que no pretende reflejar la realidad, pero sí dibuja la perplejidad que suscitan los excesos en materia ecológica. Y en cierto modo refleja también la reacción contra la transformación del discurso medioambiental en normas coactivas incorporadas a los ordenamientos jurídicos que resultan demasiado gravosas, incluso, para los firmes defensores de la solidaridad intergeneracional. 

El rechazo de la deep ecology, unido a intereses electorales a corto plazo, puede configurar un freno a la necesaria conversión ecológica, más allá de la anécdota del póney de Ursula von der Leyen con relación a la protección europea del lobo. 

Las espadas están en alto. Tiene mucha razón Ana Zarzalejos en su ponderado análisis en Aceprensa de los activismos que buscan convencer y movilizar conciencias para grandes causas. Critica sintéticamente el perfil radical, que causa polarización y aleja a los ciudadanos comunes, porque suele despertar en campos muy diversos más rechazo y hartazgo que apoyo. 

Señala, en cambio, como factor del éxito de una activista que ha protagonizado una serie audiovisual, “además de su implicación personal directa y el señalamiento de los responsables”, “su capacidad para buscar consensos y plantear objetivos asumibles incluso por quienes no piensan como ella. Un activismo que no pretende convencer al público general de posturas maximalistas, sino que busca un acercamiento desde los valores comunes que la sociedad ya comparte, tiene más posibilidades de obtener respaldo y ganar aliados para presionar a las autoridades”.

Porque no se trata ya de ganar batallas de opinión, sino de perfilar exigencias jurídicas en ese campo amplio y no siempre preciso de los derechos humanos de tercera generación.

Un caso paradigmático puede ser la amplia reacción de la sociedad francesa contra la ley Duplomb, aprobada a comienzos de julio: se han recogido dos millones de firmas en pocos días –un récord histórico- para pedir la derogación inmediata de una norma que supondría retrocesos medioambientales. En buena medida, triunfó en el debate parlamentario la presión del sector agrario, que defiende su porvenir, amenazado por prohibiciones tajantes en materia de ganadería intensiva o empleo de pesticidas, mientras se importan productos extranjeros que emplean en sus procesos recursos ilícitos en Francia...Tal vez el miedo al cáncer ha resultado más determinante que la solidaridad con las futuras generaciones.

También estos días de julio, el Tribunal internacional de La Haya, a raíz de la petición que presentó hace seis años el gobierno de Vanuatu, archipiélago del Pacífico, ha sentenciado con unanimidad que los Estados que incumplen sus obligaciones climáticas cometen un acto “internacionalmente ilícito” y podrían verse obligados a indemnizar a los países más afectados. Es la primera vez que este órgano judicial de las Naciones Unidas, creado en 1945, se pronuncia sobre el medio ambiente.

Se trata de un dictamen consultivo, no ejecutivo, pero tiene una autoridad moral que influirá, sin duda, en la jurisprudencia y legislación del mundo, y puede servir también de fundamento jurídico para posibles demandas de Estados contra Estados en La Haya. En un comunicado oficial, Antonio Gutierrez considera ese acto como “una victoria para nuestro planeta, para la justicia climática y para la capacidad de los jóvenes de cambiar las cosas”. Porque el tribunal fue consultado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en marzo de 2023, a raíz de la iniciativa de 27 estudiantes que, en 2019, convencieron a Vanuatu para que iniciara este proceso. La Corte de La Haya escuchó más de un centenar de alegatos de Estados y organizaciones internacionales en diciembre de 2024.

De todos modos, el propio dictamen del tribunal concluye que el derecho internacional desempeña un “papel importante, pero en definitiva limitado”. Las soluciones de futuro requieren “modificar nuestros hábitos, nuestro confort y nuestro modo de vida”. Lamentable sería reducir la cuestión climática a una pugna de activismos del tipo chalecos amarillos vs millones de firmas. Más vale seguir fortaleciendo los valores que sustentan la democracia y defenderla de enemigos amenazantes como la partitocracia y la demagogia.