El gran problema social de Europa es hoy la vivienda

En su edición del 5 de marzo, publicó Le Monde un largo reportaje sobre la crisis de la vivienda en Europa, firmado por siete corresponsales del diario en grandes capitales europeas. Indaga las causas pero, quizá, justamente por escribir desde esas enormes ciudades, se les escapa una razón importante: el crecimiento de la urbanización en esos espacios, fruto sobre todo de la emigración, tanto interna como internacional. Tampoco analizan la incidencia de las separaciones matrimoniales, pues cada divorcio duplica la necesidad de plazas; por ejemplo, en 2022 en España se rompieron 81.302 parejas y los matrimonios disueltos por divorcio tenían una duración media de 16,5 años. Pero, en conjunto, las circunstancias descritas denotan una gran semejanza entre los diversos países.

La primera coincidencia se refiere al centro de las ciudades, cada vez más prohibitivo para las clases medias. El espacio no puede crecer, se construye poco, y es excesivo el turismo: todo contribuye a acentuar el incremento de los precios. Pero la coyuntura general es también desfavorable para las jóvenes generaciones, pues las mejoras salariales de los últimos años no guardan proporción con las subidas del sector inmobiliario.

Los expertos prevén precios estables en los próximos años, con muy ligeras diferencias de unos países a otros y, en general, con subidas moderadas, en dependencia también de las tasas de interés fijadas por el Banco central europeo. Pero la subida del 05% al 4% está afectando sobre todo a quienes necesitan una vivienda, así como a la construcción: porque la disminución de la oferta influye demasiado negativamente. Se producen como unos círculos concéntricos, que alejan cada vez más a inquilinos y propietarios a sucesivas periferias.

Con el proceso de urbanización y la creciente movilidad laboral, unida a la llegada de inmigrantes y refugiados, existe en Europa un serio déficit de alojamientos estables (especialmente en los países del sur, muchos apartamentos se destinan al turismo, también a través de entidades tipo Airbnb). Así en Grecia harían falta a corto plazo 212.000 viviendas. 

Por otra parte, las frecuentes regulaciones jurídicas, dirigidas a facilitar alquileres o compra de vivienda nueva, tienen el efecto no deseado de contraer aún más la oferta. En Suecia y Alemania las complejidades administrativas acentuarían aún más la penuria de alojamientos. El gobierno ha abandonado la promesa de Olaf Scholz de construir 400.000 alojamientos al año. Y el precio de la construcción no deja de crecer, especialmente a causa de las normas energéticas. De 1994 a 2021 los permisos de construir se han reducido a la mitad. En Suecia, sería preciso disponer de 67.300 alojamientos nuevos anuales hasta 2030, pero sólo están en marcha 20.000 en 2024.

La complejidad jurídica se acentúa en España, por el solapamiento de competencias entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, especialmente cuando es distinto el color político de los correspondientes gobiernos. Al final, todo se desdibuja –ante todo, el estado de derecho-, los precios siguen subiendo, la oferta se contrae, y casi nadie se hace responsable de la promoción de viviendas de carácter social, salvo en promesas electorales. De hecho, como sucede quizá desde los tiempos de Eduardo Dato, y aunque parezca paradójico, los avances se deben a la derecha.

Ante la ineficacia de los partidos tradicionales, el problema de la vivienda es un bombón para los populismos, sobre todo, si se presenta con la guinda de la xenofobia, al modo de Geert Wilders en Países Bajos: los refugiados, que demandan asilo, ocupan alojamientos que deberían ser para los neerlandeses.

Se confirma que el problema es la falta de viviendas asequibles para la clase media y los jóvenes. Lo normal es que, desde arriba, se intente modificar el régimen de alquileres de viviendas existentes..., que están ya ocupadas. La cuestión es fomentar la construcción de nuevos alojamientos, quizá con exenciones fiscales serias y simplificación de las exigencias constructivas técnicas y de la tramitación de los proyectos en excesivas instancias. En cualquier caso, hacen falta políticas de fomento, y no de limitación del derecho de propiedad.