¿Hace falta que alguien vigile lo que emiten las televisiones?

Dice el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez Morgades, que no se cree que las cadenas nacionales de televisión sólo hayan incumplido 12 veces el Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia en su primer año de vigencia. Yo tampoco me lo creo. Y, posiblemente, tampoco lo cree el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, que ha sido el encargado de dar difusión a estos datos.   ¿Son pocas o muchas 12 reclamaciones? Si tenemos en cuenta que los que deciden si hay motivo o no de reclamación son los propios infractores y que el procedimiento de reclamación es desconocido para la práctica totalidad del público, lo sorprendente es que se hayan generado 124 reclamaciones y que, de éstas, 12 hayan sido admitidas por las propias cadenas.   Me pongo en situación y trato de imaginar las deliberaciones del Comité de Autorregulación, que es el que decide qué reclamaciones son admitidas y cuáles rechazadas y que está integrado por el director de Programas de Antena 3, el director general de Contenidos de Telecinco, el director de Programación de Sogecable, un alto directivo de TVE, el director general de Gestmusic y un miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid. Se reúnen, supongo, en torno a un café, y empiezan a revisar cada una de las 124 quejas que les son trasladadas desde la Comisión Mixta de Seguimiento del Código, compuesto por las mismas cadenas más representantes de entidades sociales, a partes iguales.   ¿Qué procedimiento habrán seguido los miembros de este Comité de Autorregulación para decidir que sólo 12 de las 124 reclamaciones presentadas corresponden efectivamente a incumplimientos del código? Quizás han ido puntuando cada una de las reclamaciones, de 1 a 10, como en un concurso; o puede que se hayan aplicado criterios de justicia distributiva: una queja para mí, otra para ti, de manera que nadie salga demasiado perjudicado; o puede incluso que se haya revisado a fondo el contenido de las quejas y que todos los miembros del Comité de Autorregulación hayan procedido a visionar cada programa para decidir tras discusión si corresponde o no admitir la reclamación.   Suponiendo que se haya seguido un procedimiento de revisión escrupuloso, cabe asumir que se habrán dedicado no menos de 30 minutos a cada reclamación, lo que implica más de 8 jornadas intensivas dedicadas a dilucidar en qué se ha faltado a la infancia. Ninguno de los ocupadísimos miembros del Comité de Autorregulación tiene tanto tiempo para dedicar a este tipo de actividad. Razón de más para concluir que 12 reclamaciones admitidas son, efectivamente, muchas y que tiene razón Moraleda cuando afirma que “estamos mejor que antes, pero –advierte a renglón seguido-- aún no donde queremos llegar”. Que las cadenas hayan dado un paso adelante, por mínimo que sea, ya es algo.   Puestos a indagar sobre procedimientos, cabe también preguntarse cómo se las arregla el Ministerio de Industria, del que depende en estos momentos el control de las televisiones, para vigilar que éstas cumplen efectivamente no ya con las normas que deciden autoimponerse, sino con las que les son de cumplimiento obligatorio. Por ejemplo, ¿cómo vigila el Ministerio que las cadenas no emiten antes de las 10 de la noche programas susceptibles de perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores y, en todo caso, programas que contengan escenas de pornografía o violencia gratuita, como prohíbe textualmente la ley actualmente en vigor? ¿Dispone de un departamento con funcionarios que ven la televisión todo el día, o espera también a que alguien se queje para tomar cartas en el asunto? De acuerdo con la información que facilita el propio Ministerio, en el año 2005 no se registró ninguna infracción por emisión de programación perjudicial para menores y en consecuencia no fue incoado ningún expediente. Conclusión: o las cadenas son fidelísimas observantes de la prohibición de mostrar sexo y violencia antes de las 10 de la noche; o en el Ministerio no hay nadie que mire la televisión durante el día, o el que mira lo hace poco y mal.   Sobre la actividad fiscalizadora del Ministerio cabría hacer muchos comentarios. Por ejemplo, sorprende que cuando se utiliza el método de las quejas sólo aparecen 12 infracciones en todo un año, pero cuando alguien se pone a mirar efectivamente lo que han emitido las televisiones aparecen más de 700 infracciones en un mes, según una investigación externa al Ministerio. Algo parecido sucede, por ejemplo, con los incumplimientos en materia de contraprogramación, asunto en el que no coinciden las infracciones contabilizadas por el Ministerio con las que ha enumerado la Asociación de Usuarios de Comunicación después de analizar tres meses de parrilla de las cadenas nacionales.   Parece claro que no hay unidad de criterios sobre cómo debe realizarse el control sobre contenidos emitidos por las cadenas de televisión y ello da lugar a disparidad de cifras y, sobre todo, a una cierta sensación de discrecionalidad en el cuándo y el cómo de la aplicación de las normas vigentes. En la presentación del informe sobre cumplimiento del Código de Autorregulación, advertía Moraleda a las cadenas que “siempre que la autorregulación dé resultados, no tendremos que buscar en las leyes y en los reglamentos soluciones adicionales”. En realidad, no hace falta recurrir a la amenaza de nuevas leyes o reglamentos. Bastaría con clarificar algo más los procedimientos de control y sanción contenidos en la regulación actual y en la prevista, para que todo el mundo supiera a qué atenerse.