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El Gobierno derogará el delito de malversación: Aragonès defiende reformar la malversación tras la derogación de la sedición

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido este lunes que el siguiente paso en la negociación con el Gobierno es reformar el delito de malversación durante la tramitación parlamentaria de la modificación del Código Penal que deroga la sedición. 

Sánchez abre la puerta a reformar también el delito de malversación. Esquerra enmendará la proposición de ley para rebajar las penas a los condenados y encausados del ‘procés’ que no se hayan lucrado de la desviación de fondos públicos.

Feijóo denuncia que "sería el colmo" reformar la malversación y acusa a Sánchez de romper la unidad del PSOE y PP en defensa del Estado.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha sostenido que la situación de su antecesor Carles Puigdemont no empeora para nada tras la derogación del delito de sedición y su sustitución por el delito de desórdenes públicos agravados, la reforma del Código Penal que ERC ha acordado con el Gobierno y que ahora afrontará una nueva fase clave, la de tramitación en Las Cortes.

Precisamente en esta fase, Esquerra quiere afrontar también el delito de malversación para volver al Código Penal previo a la reforma que hizo el PP en el 2015 después de la experiencia de la consulta del 9-N que organizó Artur Mas en el 2014.

En una entrevista en RAC1, Aragonès ha recordado que entonces el Presidente Artur Mas y los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau no fueron condenados por malversación de caudales públicos porque lo que hicieron no era delito.

Tras esa experiencia -ha sostenido Aragonès- el PP introdujo un delito societario como es el de administración desleal dentro de los delitos contra la administración pública asumiéndolo como un tipo de malversación, lo que abrió la puerta a las condenas por malversación en concurso medial con la sedición que afectan a buena parte de consellers condenados por el procés y que afectarían al propio Puigdemont en caso de que fuera extraditado. "Tenemos que revertir esta situación", ha sostenido el presidente para que "lo que entonces no era delito no lo sea ahora".

Una posibilidad, la de la entrega a España del actual eurodiputado a España, que el Presidente de la Generalidad no ve favorecida por la sustitución de la sedición por un delito de desórdenes públicos agravados como sostienen desde el pasado viernes el Gobierno y el PSOE en la medida que ese delito tiene más cabida en los ordenamientos jurídicos de los países del entorno europeo. "Ese delito ya existía en el Código Penal", ha alegado el Presidente de la Generalidad, para quien si los jueces hubiesen querido extraditarlo por desórdenes públicos o malversación ya lo habrían podido hacer.

"Nadie empeora su posición, nadie estará peor que como estaba antes de la reforma", ha insistido el presidente de la Generalidad, quien, no obstante, ha reconocido que "no está en las manos de Esquerra" garantizar que no se extraditará a Puigdemont, algo que, a su juicio, depende más de las instancias de la justicia europea. "Trabajamos en el marco de actuación en el que podemos tener incidencia", ha señalado Aragonès, quien  ha apostado por "reducir el margen arbitrario de acción de los jueces" desde el legislativo.

En todo caso, Aragonès ha rechazado que la reforma se haya hecho a medida de Marta Rovira, que estaba al corriente de la negociación como secretaria general de ERC y ha reconocido que no se habló con Puigdemont. "No va de nombres concretos, no hemos negociado en nombre de nadie", ha defendido  el Presidente de la Generalidad, que ha admitido que el Estado  tiene muchos instrumentos para perseguir a los que organizaron el 1-O, por lo que se ha emplazado a continuar el proceso de negociación.

El presidente de la Generalidad también ha valorado positivamente que la pena máxima del delito de desórdenes públicos agravados baje de seis a cinco años de cárcel y ha alegado que el nuevo articulado, que sustituye la "amenaza de la violencia" por "la intimidación", reduce el alcance del delito y de las penas.

 

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