El fiscal General del Estado ordenó la difusión de la nota con las conversaciones secretas entre la Fiscalía y el novio de Ayuso

El Fiscal General Álvaro García Ortiz dio ayer la orden de difundir el insólito comunicado de la Fiscalía Provincial de Madrid que revela las conversaciones secretas mantenidas entre la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso , ejercida por el el abogado Carlos Neira, y el fiscal a cargo del caso, Julián Salto.

Según informan fuentes a EL MUNDO, García Ortiz dio este jueves la instrucción directa a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid , Almudena Lastra, para que remitiera a los medios desde su gabinete de prensa la nota con la cronología de las conversaciones privadas mantenidas entre el abogado de Alberto González y del fiscal del caso. Fuentes de la Fiscalía califican de "muy grave" y "sin precedentes" lo ocurrido ya que vulnera el derecho de defensa del investigado y el secreto profesional del abogado Carlos Neira, que ejerce la defensa de la pareja de Ayuso.

Por otro lado, las fuentes consultadas destacan que la actuación de la Fiscalía Superior de Madrid -superior jerárquica directa de la Fiscalía Provincial, órgano que aparece en el encabezamiento de la nota- se limitó a enviar a los medios de comunicación la insólita comunicación siguiendo las instrucciones de García Ortiz.

Al interior del Ministerio Público hay preocupación por lo sucedido. Fuentes fiscales advierten del "daño reputacional" que este tipo de maniobras para "favorecer al Gobierno" están provocando en la institución. Asimismo, la citada nota ha sido ampliamente criticada por el Colegio de Abogados de Madrid, que estudiará el lunes en su Junta Superior cómo responder a la misma.

Lo cierto es que llueve sobre mojado ya que la credibilidad del Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz está bajo mínimos tras el reciente episodio vivido en la Fiscalía del Tribunal Supremo con el caso Puigdemont y el revés que recibió por parte de la Sala Segunda del Tribunal Superior.

EL MUNDO se ha puesto en contacto con el gabinete de prensa de la Fiscalía General del Estado, que se limita a señalar que "la nota es de la Fiscalía de Madrid" aunque se niega a desvelar quién dio la orden de redactarla con datos confidenciales.

Reunión con Ribón y OrtegaPor otra parte, ante la magnitud de la polémica, fuentes jurídicas informan de que el fiscal general se ha reunido este viernes con el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, y con el presidente del Colegio General Consejo de la Abogacía de España, Victoria Ortega.

Tras una reunión de urgencia celebrada ayer, ante la gravedad de los hechos, el ICAM emitió un comunicado en el que consideró "muy grave la divulgación, por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid, a través de un comunicado, de datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas y contenidos de las conversaciones y reuniones, produciéndose una violación del secreto profesional que protege las comunicaciones de los abogados".

Los abogados subrayaron que "la divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias jurídicas de las partes, sin un acuerdo formalizado, constituye una violación de estos principios básicos de confidencialidad, confianza y buena fe, y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar las actuaciones". del Ministerio Público".

El deber de los fiscalesPor otra parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) emitió ayer un comunicado en el que señaló respecto de la nota de la Fiscalía, que esta revelación "provoca un evidente perjuicio al investigado y ", además, teniendo en cuenta la relevancia del investigado, por su relación con un alto cargo público, aleja a la Fiscalía del papel de absoluta neutralidad, en el ámbito político, que siempre debe desempeñar como institución". .

La APIF destacó que "es de obligado cumplimiento para todos los fiscales", lo dispuesto en la Instrucción 3/2005 de la Fiscalía General del Estado, que establece que "al facilitar información, los fiscales deben tener siempre presente que se respeta el derecho a la presunción de inocencia que protege al imputado garantiza que será tratado como inocente hasta que se dicte sentencia condenatoria firme".