Sonado fracaso de Mónica García: Ninguna comunidad exigirá la mascarilla en centros de salud salvo Cataluña

El fracaso de Mónica García en su intento de recuperar la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios y sociosanitarios es un acontecimiento significativo que merece ser analizado con detenimiento.

La ministra de Sanidad, Mónica García, después de 20 días desaparecida por las vacaciones de Navidad, ha reaparecido con la idea de imponer sus propuestas sanitarias ante la epidemia de la gripe, como la obligación del uso de la mascarilla en los centros de salud de toda España, a pesar de que hace dos días en un mensaje difundido por las redes sociales indicaba que desde Sanidad se apelaba únicamente a la responsabilidad individual de las personas su utilización. Todas las comunidades autónomas, salvo Cataluña, se han negado a tomar esta medida, a pesar de que algunas, como Valencia, Navarra o Murcia, ya lo han implantado, pero con autonomía propia sin depender del Gobierno central.

En primer lugar, la decisión de las comunidades autónomas supone un cambio importante en la política sanitaria española. Hasta ahora, la gestión de la pandemia había sido fundamentalmente centralizada, con el Gobierno central dictando las normas que debían seguir las comunidades autónomas. Sin embargo, con esta decisión, las comunidades autónomas han recuperado un mayor control sobre las medidas sanitarias.

En segundo lugar, el fracaso de Mónica García es un revés importante para su gestión al frente del Ministerio de Sanidad. La ministra había defendido la necesidad de recuperar la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios ante el aumento de los casos de gripe y bronquiolitis. Sin embargo, su petición no ha sido respaldada por las comunidades autónomas, lo que puede debilitar su autoridad y su credibilidad.

En tercer lugar, la decisión de las comunidades autónomas es un ejemplo de la creciente descentralización del sistema político español. En los últimos años, las comunidades autónomas han ido ganando más competencias y autonomía, lo que ha llevado a un aumento de las discrepancias entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.

A continuación, se analizan algunos de los factores que han contribuido al fracaso de Mónica García:

  • La baja incidencia de la COVID-19. La incidencia de la COVID-19 en España se encuentra en torno a los 1.000 casos por 100.000 habitantes a 14 días, lo que es un nivel relativamente bajo. Esto ha llevado a que muchas personas consideren que la mascarilla ya no es necesaria.
  • El rechazo de la población a volver a utilizar la mascarilla. Según una encuesta reciente, el 60% de los españoles se oponen a recuperar la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios.
  • La posición de las comunidades autónomas. La mayoría de las comunidades autónomas no estaban de acuerdo con la petición de Mónica García. Salvo Cataluña todas han anunciado que no la van a aplicar.

«Todos los consejeros de Sanidad, excepto Cataluña, hemos estado de acuerdo en recomendar el uso de mascarillas de forma responsable en los supuestos que ya están indicados desde que finalizara en la pandemia en julio de 2023. Y desde luego, eso es lo que vamos a seguir aplicando con rigor científico y con la evidencia que nos dan los datos que tenemos en cada comunidad para proteger a nuestra población», señalan desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que informan que han recibido el documento con las propuestas a debatir «15 minutos después de haber iniciado esta reunión».

«Nuestra labor es la de informar a la población y cuidarla y no alarmarla, porque esta epidemia de gripe está en las mismas cifras que cuando había una antes de la pandemia de COVID y por tanto, desde la Comunidad de Madrid vamos a seguir monitorizando día a día lo que está ocurriendo para tomar las decisiones que tengamos que tomar en función de la incidencia y otros parámetros técnicos asesorados por nuestra Dirección General de Salud Pública, como tendría que hacer el Ministerio de Sanidad», se muestra contundente la consejera madrileña, Fátima Matute.

Además de la obligatoriedad del uso de la mascarilla, en esta interterritorial también se debatía implantar la autodeclaración «responsable» de las bajas laborales los tres primeros días para desatascar la Atención Primaria. Una medida anunciada horas antes por la ministra de Sanidad en una entrevista en Onda Cero. «Estamos estudiando que el ciudadano pueda autojustificar una enfermedad leve, que no haya que burocratizar y evitar el colapso de la Atención Primaria», explicaba García, asegurando que es una demanda histórica de los profesionales sanitarios y una medida puesta ya en marcha en varios países europeos, como Portugal, Reino Unido, Alemania y Suecia.

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