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Las Cajas rechazan de plano un cambio en su régimen jurídico: “no se trata de privilegios sino de esperar los resultados de la Ley Financiera”

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Las Cajas de Ahorro creen que sería precipitado cambiar ahora su régimen jurídico, cuando aún se desconoce la efectividad de la Ley Financiera de 2002. Los Gobiernos de Canarias y Aragón todavía no han adaptado esa legislación a su Comunidad, aunque las Cajas de ambas regiones se rigen desde hace tiempo por esa Ley de carácter nacional.

Las Cajas de Ahorro creen que sería precipitado cambiar ahora su régimen jurídico, cuando aún se desconoce la efectividad de la Ley Financiera de 2002. Los Gobiernos de Canarias y Aragón todavía no han adaptado esa legislación a su Comunidad, aunque las Cajas de ambas regiones se rigen desde hace tiempo por esa Ley de carácter nacional. Los últimos acontecimientos políticos y económicos han reabierto el debate sobre el actual modelo de Cajas de Ahorro. El Estatuto Catalán, el papel de la Caixa y Caja Madrid en la OPA de Gas Natural sobre Endesa y las declaraciones del líder del PP, Mariano Rajoy, sobre la necesidad de cambiar la regulación de estas entidades financieras han levantado la alerta en el sector. En el entorno de la banca privada, la lectura de los últimos hechos concluye que es necesario “acabar con los privilegios y la politización de las Cajas”, pues vivimos en un sistema liberal. Mientras que, las entidades de ahorro sostienen que la sociedad en la que vivimos está de hecho politizada y es pronto para hablar de una reforma en el sector. Desde las Cajas de Ahorro y la CECA, se sostiene que la Ley Financiera de 2002 y la Ley de Transparencia de 2003 —que completan la Ley de Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA) de 1985- son todavía muy recientes y que, antes de adoptar cambios, es preciso comprobar “cómo funciona” la actual regulación. La Ley Financiera fue aprobada hace tres años por el Gobierno del Partido Popular. Esa legislación debía ser adaptada por los Gobiernos autonómicos, pero a día de hoy Canarias y Aragón todavía no han llevado a cabo esa “adaptación”. Ante la tardanza de los dirigentes autonómicos, las Cajas de ambas Comunidades se acogieron a la Ley nacional y “están a la espera” de que sus Gobiernos “habiliten” la legislación dictada por Madrid. Fuentes de la CECA recuerdan que Canarias y Aragón ya han expresado su conformidad con la Ley Financiera y su voluntad de realizar la adaptación “lo antes posible”. Sin embargo, la “juventud” de la Ley Financiera no parece ser una traba para los que apuestan por un cambio en el modelo de las Cajas de Ahorro. Algo que en el entorno de éstas se sabe y ha obligado a sus dirigentes a permanecer vigilantes. Sin ir más lejos, la semana pasada, el presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, anunció la creación de una comisión para analizar las posibles implicaciones que conllevaría una posible transferencia de la legislación estatal a las autonomías. Por otra parte, en el mundo económico circulan voces sobre un proyecto de Miguel Sebastián y sus hombres de abordar, sin prisas, la futura situación legal de las Cajas de Ahorros. Una suposición que, según ha podido contrastar El Confidencial Digital de manera oficial y extraoficial, se considera poco probable en las Cajas de Ahorro. Sin embargo, algún financiero reconoce en privado que “no se sorprendería” de que el Ejecutivo estuviese preparando “de forma discreta” un cambio en la regulación. Y recuerda: las Cajas no fueron consultadas en el pasado cuando se modificó su legislación.