Las eléctricas no ven clara la resurrección de la central de Garoña

De acuerdo con el borrador de Real Decreto que se ha filtrado, el departamento que dirige Soria dará facilidades a las eléctricas para que decidan poner en marcha la central de nuevo. En primero lugar, que tengan hasta el 6 de julio de plazo para solicitar la reapertura. Y segundo, que bastará con solicitar la renovación de la licencia, no la apertura de nuevo, por lo que se reducen considerablemente los plazos y trámites burocráticos necesarios.

Pero las eléctricas no las tienen todas consigo. Ven positivo que el gobierno del PP eliminara en septiembre pasado el impuesto que introdujo el PSOE a las nucleares, que suponía un coste de 153 millones de euros, motivo por el que decidieron cerrarla.

Y también reconocen un cambio de actitud en el ministerio tras el polémico episodio de la subasta de diciembre. Fueron días en los que el ministro Soria y el sector se amenazaban mutuamente con demandas por el resultado de esa subasta eléctrica, que fue suspendida por el Gobierno.

Pese a ese cambio, las eléctricas no ven clara la reapertura de la central. En primer lugar por la rentabilidad de esa decisión. Eliminado el impuesto a las nucleares, queda todavía pendiente una inversión de 150 millones de euros para adaptar la central a las nuevas exigencias europeas de seguridad nuclear tras el accidente de la planta japonesa de Fukushima.

Semejante inversión, aunque importante, no sería un obstáculo insalvable. Las eléctricas ya han invertido en la modernización de esta central 166 millones de euros desde 2001. Y más de 400 millones desde los años ochenta. El verdadero problema es la incertidumbre legal provocada por los políticos.

En efecto, sirva como ejemplo la situación de las renovables. Vivieron un boom por las primas que daba el gobierno y, cuando constataron la irracionalidad del sistema, decidieron cambiarlo. Es lo que comúnmente se conoce como 'cambiar las reglas del juego a mitad de partido'. Esto ha provocado que miles de inversores extranjeros y españoles que invirtieron en renovables hayan demandado al gobierno español.

Lo mismo temen las eléctricas en el caso de las nucleares y, más en general, con la reforma energética que sigue preparando el gobierno sin, hasta ahora, diálogo con el sector. “Si vamos a solicitar la reapertura y luego la reforma del sector penaliza las nucleares o beneficia a las centrales de ciclo de gas combinado, o vuelve a primar a las renovables.... ¿Para qué gastarnos 150 millones de euros en acondicinarla?”, se preguntan.

El funcionamiento del sector, el pool eléctrico, el mercado diario donde se fijan los precios, la subasta eléctrica... todo está en el aire. “Y eso es básico que lo conozcamos para tomar una decisión. No sólo que lo conozcamos. Que tengamos seguro que no va a cambiar.”, explican fuentes de las eléctricas.

Porque ese es el tercer problema. Aunque ahora el PP está a favor de las nucleares y facilitará su reapertura, ¿qué ocurriría si vuelve otra vez al poder el PSOE? ¿Volvería a cerrarla? ¿Pondría de nuevo un impuesto a las nucleares que hiciera imposible su rentabilidad?

De momento, hace unos días la ex ministra de Medio Ambiente del PSOE, Cristina Narbona, que ahora está en el Consejo de Seguridad Nuclear, declaró que si las eléctricas querían reabrir Garoña tendrían que solicitar de nuevo la autorización, lo que les obligaría a cumplir los pertinentes plazos burocráticos. En palabras de Narbona, no se podría volver a abrir antes de dos o tres años.

“Ahí lo tenemos”, aseguran estas fuentes. “Unos dicen una cosa y otros la contraria. Así no hay seguridad jurídica y no podemos arriesgar tanto dinero si no está garantizado”.