Lunes 25/09/2017. Actualizado 01:00h

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Política

La nueva Ley de Cooperación que prepara Zapatero reformará el sistema de ayudas para evitar escándalos como el de la cúpula de Barceló

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El Gobierno quiere aprobar, mejor por unanimidad que por consenso, una nueva Ley de Cooperación en este periodo de sesiones. El propósito, entre otros, es reformar el sistema de ayudas para evitar polémicas como la habida con la cúpula de Barceló en Ginebra.

Según fuentes legislativas consultadas por El Confidencial Digital, los créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo) que pagaron parte de la cúpula de Barceló en Ginebra serán escindidos. Así, en la nueva legislación quedarán plasmados los fondos FIEM (Internacionalización de la Empresa), que dependerán del Ministerio de Industria, y los fondos FONPRODE (Promoción del Desarrollo), que dependerán del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Al margen de que la actual Ley de Cooperación, que reforma la aprobada por unanimidad en época de José María Aznar, va con retraso según las previsiones del Ejecutivo, el marco regulatorio de los créditos FAD es notablemente inadecuado para los tiempos actuales: es una legislación que data del año 1977, cuando España no tenía experiencia ninguna en Cooperación al Desarrollo.

La nueva Ley no fijará los temas prioritarios para la Cooperación española, cuyo detalle compete a los distintos Planes Directores de la Cooperación, de elaboración y alcance trianual. La Ley, en cambio, sí dará respuesta a los nuevos paradigmas de la cooperación: el paso de proyectos puntuales a programas de medio y largo plazo, el apoyo de la cooperación entre países (cooperación sur-sur, por ejemplo), y la nueva figura de la cooperación delegada, por la cual un país ofrece su presupuesto de ayuda a otro país experto en un área determinada.

La Ley en ningún caso ha de fijar un dígito mínimo de porcentaje del PIB destinado a Cooperación, si bien el Gobierno quiere llegar al simbólico 0.7% a lo largo de la legislatura. En cambio, sí se ha de consagrar el paso de Comisión a Consejo Interterritorial de Cooperación, que se quiere configurar como un organismo más ágil a la hora de colaborar entre autonomías y también con el Gobierno central a la hora de tratar todos los temas y las aportaciones en materia de ayuda y cooperación.

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