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Política

Rubalcaba ordena recabar información de todos y cada uno de los manifestantes en la protesta de la Guardia Civil y la Asesoría Jurídica le informa que no da abasto

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La sede de la dirección general de la Guardia Civil en la calle Guzmán el Bueno de Madrid era este jueves un hervidero. Desde el Ministerio del Interior se ha solicitado la identificación de todos los asistentes al acto de protesta del pasado 20 de enero. Pero existen serias dificultades para llevar a cabo el encargo.

La Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) ha recibido el encargo por parte del Ministerio del Interior de lograr la identificación de cada uno de los asistentes al acto de protesta convocado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) el pasado 20 de enero en la Plaza Mayor de Madrid. El objeto de la concentración era reclamar una nueva ley de derechos y deberes para el Instituto Armado, prometida por el PSOE en su programa electoral. A la llamada respondieron trece mil personas, de las que más de tres mil acudieron de uniforme pero sin el arma reglamentaria.

En un primer momento, pasados diez días tras el acto, se daba por terminado el capítulo de las ‘sanciones’ con los expedientes abiertos al Secretario general de la AUGC, Joan Miquel Perpinyá y al secretario de comunicación de la misma asociación Juan Antonio Delgado, por “falta muy grave”. Pero pasados unos días se corrió la voz de que podrían ser 28 personas más a las que se les aplicaría una medida correctiva por manifestarse de uniforme. Esta cifra es la de quienes ocupaban la tribuna principal del acto, aún en activo. El Confidencial Digital ha podido saber que ya están preparados los primeros ocho expedientes y este lunes comenzarán a ser notificados.

Ahora, El Confidencial Digital ha podido saber que el Ministerio de Interior ha cursado orden a la DGGC de recabar datos acerca de todas y cada una de las personas que acudieron a la Plaza Mayor. Por este motivo, desde Guzmán el Bueno se ha dado orden a nivel de Compañía para que los mandos remitan un informe sobre las personas bajo su responsabilidad que acudieron a la cita convocada por AUGC, poniendo especial énfasis en los que viajaron en autobuses a Madrid. Esta actuación sería necesaria tras resultar insuficientes los datos recabados sobre el particular por la unidad de Asuntos Internos con sede en Valdemoro (Madrid) y la aportación de los miembros del servicio de Información de la Policía Nacional.

La idea del Ministerio que subyace tras esta medida es no limitar las sanciones a dos o a treinta manifestantes a lo sumo, sino colocarse en situación de poder corregir a todos los guardias civiles presentes en la concentración, hubieran ido de paisano o uniforme. La intención de abrir estos nuevos ‘expedientes gubernativos’ se enfrenta, eso sí, a un grave contratiempo.

La Asesoría Jurídica de la Dirección General de la Guardia Civil, responsable de tramitar los expedientes, habría manifestado que “no da abasto” para realizar ese trabajo. Consideran la tarea “imposible” –y así se lo habrían comunicado a la dirección de la Benemérita- por escasez de personal.

La asesoría está dirigida por el General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar Francisco Javier de Mendoza Fernández y todos los que forman parte de la misma son oficiales del Ejército de Tierra, licenciados en Derecho.