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El Gobierno crea el Centro documental de la Memoria Histórica que finiquita el archivo de Salamanca con la expropiación del Palacio de Orellana aún pendiente

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El centro se ideó tras la tormenta político social generada por el traslado de los ‘papeles de Salamanca’ a Cataluña, en junio de 2005, y confirma la desaparición del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, cuyas instalaciones y fondos hereda. Llega con retraso, no establece nada nuevo, ni prevé la aportación de financiación para su funcionamiento.

Según el texto aprobado por el Consejo de Ministros el viernes 1 de junio, el Centro de la Memoria Histórica tiene la finalidad de reunir, organizar y recuperar todos los fondos documentales en cualquier soporte, relativos al periodo histórico comprendido entre 1936 y 1978. Al amparo de este texto, algunas fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial Digital, se preguntan si la expresión “todos los documentos” se refiere también a los papeles de Salamanca cedidos a Cataluña en junio de 2005.

El nuevo Centro marcará la desaparición del ya existente Archivo Histórico de Salamanca y reduce al mínimo las funciones de la dirección del organismo que, a partir de ahora, tendrá voz pero no voto y del Patronato que ya no deberá emitir un informe preceptivo para la salida de documentos.

Pero es que, además, la norma llega tarde ya que el Gobierno se comprometió a aprobar su creación en un año, justo tras la entrada en vigor de la Ley de Restitución a la Generalidad de Cataluña, en noviembre de 2005.

Parte de este retraso se debe a la “falta de sedes para su ubicación”. Si entonces la Ministra de Cultura dijo que el Centro se ubicaría en el Palacio de Orellana, el Colegio de San Ambrosio -donde actualmente se ubica el Archivo de la Guerra Civil- y un nuevo edificio, ahora las tres sedes son el colegio, el Palacio de Orellana y el Palacio de Justicia, decisión que no ha sentado nada bien en ámbitos judiciales.

En el caso del Palacio de Orellana la situación es más complicada, si cabe, ya que el edificio, de propiedad privada, aún se encuentra en vías de expropiación.

Además, nace sin financiación específica para su funcionamiento ya que la partida presupuestaria de nueve millones de euros aprobada en Consejo de Ministros se destinará a la rehabilitación del Palacio de Justicia.

Las funciones establecidas por el Ministerio de Cultura para la nueva institución serán:

-- Mantener y desarrollar el Archivo General de la Guerra Civil Española.

-- Recuperar, reunir, organizar, conservar y poner a disposición de los interesados los fondos documentales y las fuentes secundarias de interés para el estudio de la Guerra Civil, la dictadura franquista, la resistencia guerrillera, el exilio, el internamiento de españoles en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y la transición.

-- Fomentar la investigación histórica sobre la Guerra Civil, el franquismo, el exilio y la transición. 

-- Impulsar la disfunción de los fondos.

-- Asesorar y cooperar en la localización de información para la reparación de la memoria y ayuda a las víctimas de la represión.

-- Fomentar la cooperación con otros organismos.

Su puesta en marcha, para la que no hay fecha de salida, se topará con otros obstáculos. La Junta de Castilla-La Mancha ha anunciado que recurrirá dicho texto y habrá que esperar a la resolución de otros recursos como el de inconstitucionalidad contra la Ley de Restitución, el contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la salida de 500 cajas de documentos de Salamanca y contra el funcionamiento de la Comisión Mixta que la propia ministra reconoció al decir que hubo falta de diligencia en la salida de documentos a Cataluña.

Descárguese aquí el documento en PDF el Real Decreto del Ministerio de Cultura.